Se habla de un perjuicio de G. 311 millones y tiene que ver con transferencias a ollas populares. A pesar de este entramado judicial, expresó públicamente su deseo de ser candidato a Presidente de la República y viene realizando reuniones con referentes políticos de la oposición a nivel nacional.
Del total de las denuncias, 22 fueron presentadas por su ex aliado, amigo y ex concejal municipal Celso “Kelembu” Miranda, quien llegó a ocupar una banca en el legislativo a través de un movimiento independiente.
Sin embargo, en la etapa final de la intervención de la comuna, intentó –sin éxito– alcanzar la Intendencia tras la destitución de la intendenta Sandra McLeod (ANR), aliándose con la bancada colorada zacarista.
La mayoría de las denuncias se relacionan con lesión de confianza, uso de documentos públicos de contenido falso, declaración falsa, asociación criminal, cohecho pasivo agravado, peculado, entre otros hechos punibles. Todas las causas fueron trasladadas a Asunción.
Otras denuncias fueron realizadas por la Contraloría Ciudadana, además de los políticos Iván Airaldi y José Ayala Cambra, también relacionadas con la administración municipal. Entre las denuncias, destaca la presentada el 1 de setiembre de 2021, en la cual, además de Prieto fueron denunciados siete concejales municipales por el supuesto pedido de coimas para la adjudicación de 44 empedrados. El escrito fue presentado por el entonces candidato a intendente por Patria Querida, José Ayala Cambra, y los entonces candidatos a concejales, Víctor Henríquez y Magdalena Riveros.
El 24 de mayo de 2021, el licenciado Julio López, en representación de la Contraloría Ciudadana, denunció a Prieto por el supuesto desvío de 48,85% de los recursos de la Municipalidad de CDE, provenientes del Impuesto Inmobiliario y de la Patente a Rodados. El monto asciende a más de G. 7.000 millones y la mala aplicación se encuadra como el delito de lesión de confianza.
El 2 de diciembre de 2020, las ciudadanas Catalina Mallorquín de Ojeda y Gloria Severiana Ojeda Mallorquín denunciaron ante la Fiscalía a Prieto por los supuestos hechos de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, exacción y estafa. La denuncia también afecta a la jueza de Faltas Mirian Giménez Vallejos y a una funcionaria de nombre Tatiana Escobar. Los mencionados intervinieron en el desalojo de dos familias de un inmueble privado, presuntamente considerado área verde municipal, según el escrito.
Prieto nunca ha negado las denuncias, pero sostiene que nunca hubo daño patrimonial. Aseguró que si existiera daño, ya estaría en la cárcel y no administrando por otro periodo más la intendencia de Ciudad del Este. “Lo que viene de Miranda es totalmente mentira, descabellado, pero nos deja un problema judicial gigantesco”.
