Luciana Bernadet Torres, una enfermera que tras 34 años de trabajar en el Hospital de Clínicas, víctima de la mafia de pagarés, sigue luchando por cobrar todo el sueldo que le corresponde como jubilada, que de por sí ya es bajo. Ella es una de las perjudicadas porque la Corte no responde desde hace ocho meses el pedido de la Comisión del Senado de auditar 21 causas.
“La Justicia es muy lenta, es muy complaciente con los corruptos”, lamentó Luciana respecto a esto. “Los ministros no dan la cara, y en eso apoyo 100% el pedido de juicio político. No es suficiente la solución que dan”, dijo.
TRES VECES PIDIERON. La Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés (Ceimp) del Senado envió una tercera nota a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que audite las 21 causas tramitadas en los Juzgados de Justicia Letrada y de Primera Instancia de Asunción, Minga Porã y Alto Paraná.
El 12 de mayo del 2025, había solicitado por primera vez este pedido y lo reiteraron el 5 de noviembre de ese año, sin respuesta.
“Esta Comisión ha requerido información y colaboración institucional a través de pedidos de auditoría, cuya respuesta formal sobre el avance, procesamiento o eventuales dificultades se encuentra aún pendiente”, menciona parte de la nota de este año.
Los pedidos de auditoría agrupan causas correspondientes a víctimas que aprobaron que sus expedientes sean evaluados, “ante los serios indicios de irregularidades detectados por esta Comisión”.
Por último, desde la Comisión rogaron que de urgencia se informe cómo van los pedidos.
De las 21 causas con presuntas faltas, 17 se están tramitando en los Juzgados de Justicia Letrada (del 2° al 6° turno) y otras 4 en los Juzgados de Primera Instancia de Asunción, Minga Porã y del Alto Paraná.
“DEBE” A ASO INEXISTENTE. Luciana considera su lucha ante la Justicia como un “calvario”.
Ella hace 25 meses está siendo descontada G. 1.450.000 y todavía le falta cubrir tres meses más, hasta completar los G. 41 millones que forma parte de un embargo, por una deuda inexistente.
“No encuentro ninguna solución ni con la promulgación de la ley del presidente Peña”, contó Luciana Bernadet.
Su causa está con el juez de Primera Instancia Diego Martín Acosta, quien hasta ahora no suspende los embargos.
“La falta de ese dinero me está costando la vida”, había contado ella.
“Con el sueldo de mi esposo tenemos que cubrir medicamentos, luz, agua, basura, nadie nos exonera. También tenemos que velar por mis suegros”, dijo conmocionada.
“El salario da para carne. No hay consideración, porque muchos ya somos ancianos, no estoy más para pedir un trabajo, ¿quién te va a dar? Estoy llegando a los 66 años”, explicó.
Ella formaba parte de una asociación donde los empleados de Clínicas accedían a víveres, ropas y terminó siendo estafada y con embargos.
Según la denuncia de Bernadet, en agosto del 2018 le dijeron que tenía una deuda de G. 3.721.000, que ella saldó al instante y le dieron a cambio una constancia de pago.
Cinco años después, se percató del descuento de dinero en su cuenta de ahorro del Banco Nacional de Fomento (BNF), constatando que el motivo se debió a una demanda de Julia Mabel Acosta Rojas, quien actualmente posee los derechos por Amuclin, una aso ya inexistente.
El fiscal Luis Piñánez, quien investiga su denuncia por estafa, solicitó en octubre a la Corte que se haga una auditoría de gestión en la causa, para determinar “posibles irregularidades, demoras o ineficiencia en la tramitación del expediente”.
Sin embargo, no recibió respuesta, por lo que el fiscal debió pedir una prórroga en el caso, hasta agosto de este año, donde depende de los resultados de pericias y la auditoría de la Corte para acusar o presentar otro requerimiento.
Abogada imputada
El fiscal Luis Piñánez imputó en agosto del 2025 a la abogada Lourdes Aranda, quien era asesora jurídica de la Asociación Mutual de Clínicas (Amuclin) hoy inexistente, por supuesta estafa a la enfermera Luciana Bernadet.
Ella fue demandada por dos pagarés que supuestamente firmó.
La jubilada, sin embargo, confirma que la aso nunca prestó dinero a sus asociados y que ella no tenía deudas allí.
La abogada le entregó varios pagarés falsos a Julia Acosta, quien terminó demandándole.
