18 nov. 2025

Megaestafa: Piden juicio para Steven Bareiro en tres causas

31125572

Esquema. Se sospecha centenares de denuncias contra los dueños de la empresa.

RODRIGO VILLAMAYOR

La fiscala Gladys González acusó y pidió juicio oral para Denis Steven Bareiro en tres causas diferentes. El hombre está supuestamente ligado al megaesquema de estafa con la venta de vehículos a través de su concesionaria Steven Automotores. Se estima que habría más de cien víctimas.

Los hechos por los cuales fue acusado son estafa, asociación criminal, apropiación y quebrantamiento del depósito.

Denis y su padre, Carlos Bareiro, estarían involucrados en un esquema en el que vendían automóviles y ante el mínimo atraso, en supuesta connivencia del Juzgado de Paz, secuestraban los vehículos de los dueños.

LOS HECHOS. En uno de los casos, la víctima fue Milciades López, quien en marzo del 2023 compró un Toyota Vitz, entregando G. 18.300.000, debiendo pagar el resto en 24 cuotas de G. 1.354.000.

Su idea era dedicarse a ser conductor de Bolt, pero la empresa no le entregó ni la cédula verde, ni los demás documentos del vehículo que él necesitaba, por lo que se veía imposibilitado en operar en los servicios de plataforma.

Según consta en la denuncia, López cada mes iba y reclamaba la cédula verde, pero seguían sin entregarle.

Transcurrido un año de la compra, el hombre se atrasó tres cuotas, ya que estaba sin trabajo y ya llegaron junto a él a secuestrarle su auto con orden judicial, firmado por el juez Jorge Franco (también procesado en otras causas).

Una semana después, Milciades firmó una rescisión de contrato y dación de pago por el vehículo.

Luego de la investigación, la Fiscalía descubrió que ese auto ya había sido secuestrado anteriormente de otra mujer, Angelina Florentín. Cinco días después ya “vendió” a Milciades López ese mismo rodado.

OTRAS CAUSAS. El segundo caso por el que fueron acusados padre e hijo es por quebrantamiento del depósito, en el que fue víctima Angelina Florentín.

Ella había comprado el Toyota Vitz un año antes que Milciades, en abril del 2022, por un valor total de G. 59 millones.

“La víctima abonó lo hizo en tiempo y forma durante ocho meses, pero que debido a una enfermedad se atrasó en el mes nueve”. El 24 de marzo de 2023, llegaron los oficiales de Justicia a su casa y exhibieron un mandamiento de secuestro, librado también por el juez Jorge Franco.

La tercera causa es porque Jesús Rivas logró demostrar el pago de sus cuotas por un Toyota Premio, y que aun así le secuestraron su vehículo.

Más contenido de esta sección
A través del abogado Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), asumió querella adhesiva en contra de los directivos del Banco Atlas y de los familiares del ex presidente Nicolás Leoz.
La docente Laura Duarte, quien alega ser víctima de la mafia de los pagarés por sufrir descuentos de casi G. 5 millones mensuales, quedando solo con G. 400.000, denunció a defensoras públicas de Lambaré por supuesta “lentitud” e “ineficacia”. Desde la Defensoría Pública concluyeron que la docente “no es víctima de la mafia de pagarés” y una investigación interna dice que actuaron “conforme a derecho”.
La jueza Isabel Bracho, la fiscala Egidia Gómez y la actuaria Ruth Ferreira fueron imputadas por manipular evidencias y maniobrar a cambio de sumas millonarias de dinero para que Walter Galindo pueda salir de prisión. El caso ya llegó al juez Humberto Otazú, quien deberá decidir si admite o no la causa.
La jueza Clara Ruiz Díaz hizo lugar a la extradición al Perú de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, quien fue detenido en San Lorenzo en setiembre pasado. Es requerido por autoridades de su país, por varios delitos relacionados con secuestro y asociación criminal.
La querella solicitará también 10 años de cárcel para el periodista Carlos Granada, acusado por supuesto acoso sexual, coacción y coacción sexual y violación. Este martes en el juicio oral comenzaron los alegatos finales, que continuarán mañana, donde también requerirá una pena de 10 años de cárcel, similar al pedido de la Fiscalía, conforme adelantó.
El ex agente de la Policía Nacional fue condenado por un Tribunal de Sentencia a cumplir con una pena de 24 años de encierro por el crimen del joven político liberal Rodrigo Quintana, ocurrido entre la noche del 31 de mayo de 2017 y la madrugada del 1 de abril, en la sede del PLRA. Ahora, la Cámara de Apelación se ratifica en la sentencia.