Se trata de 140 kilómetros de la muy transitada ruta PY02, entre Caaguazú y Ciudad del Este, adjudicadas en 1998 a la empresa Tape Porã, durante el Gobierno de Juan Carlos Wasmosy. Dicha empresa es de Conempa SA, un consorcio que tiene como asociada a la firma Jiménez Gaona y Lima, cuyo principal directivo era el ingeniero Ramón Jiménez Gaona.
Tape Porã construyó la ruta y, a cambio, fue autorizada a cobrar peajes durante 25 años en dos estaciones a un costo superior al de las otras rutas nacionales. Una vez finalizado el contrato, en 2023, el tramo sería devuelto al MOPC sin costo alguno. Sin embargo, siete años antes de que concluya, en 2016, Cartes promulgó una ley que le otorgaba una nueva concesión de 37 años más, con lo cual la empresa administraría la ruta hasta el 2053.
Por construir 140 kilómetros en 1998 se quedará con la recaudación durante medio siglo más un lustro ¡55 años!
Y todo esto sin necesidad de una nueva licitación. Todo fue muy escandaloso porque esta concesión anticipada favorecía a la empresa del padre del entonces ministro de Obras Públicas, Jiménez Gaona. Quedaba en la boca el sabor de que se estaba favoreciendo a sí mismo, como futuro heredero de la concesión, violando la Ley 1618/2000 “De Concesiones”.
En efecto, esa ley dice que el plazo máximo para las concesiones es de treinta años, establece que las prórrogas deben ser obligatoriamente licitadas y prohíbe que los parientes de las autoridades del Estado se postulen a concesionarios. ¿Cómo pudo una barbaridad como esta pasar el control del Congreso? Pues, con ciertas dificultades que fueron resueltas de modo muy cartesiano.
Hay que remontarse a los últimos días de 2015, cuando la Cámara de Diputados aprobó esa ilegalidad, pero al cartismo y sus aliados liberales y oviedistas le faltaban votos en el Senado. En una polémica sesión del 2016 obtuvieron una mayoría de dos votos, pero luego salió a luz que el registro de la votación fue manipulado y, en realidad, hubo un empate. En otra sesión ya no hubo cuórum porque el senador colorado –hasta entonces disidente–, Carlos Núñez, fue invitado súbitamente a integrar la comitiva presidencial a un viaje a París, al mismo tiempo que su hermano Humberto era nombrado en un alto cargo en la Itaipú Binacional. Finalmente, la ley tuvo sanción ficta y rápidamente promulgada.
El entonces senador Mario Abdo Benítez denunció que hubo senadores comprados y comparó al Senado con “un prostíbulo”. Estos obscenos antecedentes se amplificaron cuando se supo que, además del vínculo familiar del titular del MOPC con Tape Porã, la compañía aseguradora de los trabajos de duplicación de la ruta era Royal Seguros, uno de cuyos directivos era Juan Carlos López Moreira, principal asesor de Cartes.
Hasta allí ya había bastante tufo de indecencia. Pero lo que sostienen los denunciantes es peor, pues Cartes sería el mayor accionista de Jiménez Gaona y Lima SA. En 2016, cuando firmó el decreto de concesión a Tape Porã, se estaba autotransfiriendo un fabuloso activo del Estado por las próximas tres décadas.
Esto solo se supo ahora, cuando se vio obligado a traspasar a sus hijos sus acciones, a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Cartes es, aseguran, el mayor accionista de Jiménez Gaona y Lima SA y, por consiguiente, de Tape Porã. De hecho, ya en 2021 la constructora Jiménez Gaona y Lima figuraba en el portal de su grupo empresarial como parte de su emporio.
¿Es una estafa al Estado y un monumental caso de tráfico de influencias? Como las explicaciones son escuetas y ambiguas, uno tiene el derecho a sospecharlo.
