Tarea pendiente. El 20 de agosto, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe final sobre el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), tras la auditoría llevada a cabo.
En el documento, la CGR realizaba diversas observaciones, dejó a la vista irregularidades en su funcionamiento. Cuestionaba el nivel bajo de cumplimiento del marco legal y normativo.
Desde el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) recuerdan que el ente contralor había dejado unas recomendaciones que el Fonaress debía llevar adelante para mejorar. Sin embargo, el gremio que forma parte del Comité Ejecutivo del fondo, señala que no han sido cumplidas dichas recomendaciones.
En una nota dirigida al contralor Camilo Benítez, recordó que el plazo otorgado para cumplir con lo sugerido venció el 31 de agosto.
“Sin que hasta la fecha el Consejo Ejecutivo haya dado una respuesta ni haya convocado a reunión alguna para tratar este asunto”, cuestiona.
El gremio recalca que el incumplimiento no es una simple omisión administrativa ni demora en los plazos. En términos estrictos es un desacato institucional expreso al mando de la CGR.
“Este desacato tiene un alcance jurídico, al desconocer la autoridad de la Contraloría y vulnerar la obligación legal de responder y adecuarse a las observaciones formuladas en el marco de la auditoría de cumplimiento”, dice la nota enviada al contralor.
Argumenta también que la falta de cumplimiento tiene un alcance institucional, porque al persistir en la inacción es vaciado de contenido el carácter colegiado del Consejo Ejecutivo, consolidando un esquema de gestión personalista y sin contrapesos.
Puntualiza que lo que consideran como un desacato tiene un alcance moral, pues al reiterar la falta de respuesta frente a hallazgos comprobados de irregularidades se confirma que estas no fueron hechos aislados.
“Sino parte de un patrón institucionalizado de gestión opaca, resistencia a la legalidad y consolidación de impunidad”, expresa.
Según el CPM las consecuencias de no cumplir las mejoras comprometen la integridad del sistema de salud. Por ello realizan cuatro peticiones a la CGR. Una de ellas es constatar formalmente el cumplimiento del plan de mejora, también calificar al incumplimiento con un desacato institucional.
Otro de los pedidos es disponer la remisión del caso a la justicia, para deslindar responsabilidades administrativas, civiles y/o penales de las autoridades responsables. Por último, piden también adoptar medidas adicionales de seguimiento y control para garantizar la transparencia del uso de los fondos.
El informe final de la Contraloría había cuestionado la falta de cierre del año fiscal 2023 y, la ausencia de una comisión técnica auditora.
También cuestionó la adquisición de un medicamento contra el AME, aceptando notas de remisión sin cumplir con requisitos no preimpresos. Dicho producto farmacológico había sido adquirido por G. 65.000 millones.
