Los allanamientos simultáneos se realizan en empresas privadas e instituciones públicas de Asunción, Luque, San Antonio y otros lugres. El viceministro de Tributación, Óscar Orué, explicó en contacto con Monumental 1080 AM que la serie de allanamientos se dan tras un informe elevado por la SET al Ministerio Público.
Los informes indican que el esquema habría provocado un perjuicio de G. 110.000 millones al Estado. Una de las operaciones es de más de G. 8.000 millones, refirió el viceministro.
Las investigaciones involucran a unos 473 contribuyentes y unos 22 proveedores. Una sola firma facturó irregularmente unos G. 55.000 millones.
Según informó Monumental, una de las firmas investigadas es la empresa constructora Engineering SA, proveedora del Estado y la que se encargó de la construcción de la polémica pasarela de Ñanduti. Solo esta firma habría facturado G. 781 millones, con 74 facturas irregulares.
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Orué señaló que los operativos son el resultado de unos seis meses de trabajo que se habían originado con el caso del abuelito que buscaba ingresar a un subsidio del Estado, pero figuraba como un millonario contribuyente.
“Hay que tener en cuenta que hemos detectado el uso de facturas falsas en varias empresas y también nos concentramos en los proveedores de facturas falsas. Esperamos que no solo se pueda desmantelar este esquema, sino encontrar a los responsables”, explicó el funcionario.
El secretario de Estado explicó que los esquemas operaban antes de la pandemia del Covid-19, pero la inscripción irregular se agudizó durante este periodo ya que se realizaron flexibilizaciones en los requisitos.
Los operativos tienen como principal encargado al fiscal Francisco Cabrera, quien está acompañado de otros nueve fiscales para los allanamientos. Empresas privadas, instituciones públicas y estudios contables forman parte de los sitios allanados. “La mayoría de las empresas son grandes”, dijo Orué.
El viceministro comentó que con operativos similares a este ya se logró la recuperación de unos G. 6.000 millones que habían sido evadidos. Las empresas afectadas se exponen a multas de hasta el 300% sobre lo que fue evadido.
