El primero fue Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), quien estuvo acusado por la Fiscalía por haber autorizado en 1997 al Banco Central del Paraguay (BCP) un auxilio irregular al Banco Desarrollo.
Las fiscalas Rocío Vallejo (ahora diputada por PPQ) y Alba Delvalle estuvieron a cargo de la investigación. En abril de 2002 habían conseguido la condena de cuatro años y cuatro meses de prisión para el ex presidente por lesión de confianza. Fue hallado culpable del perjuicio patrimonial de unos USD 40 millones. Wasmosy fue beneficiado con medidas alternativas.
El segundo jefe de Estado de la era democrática en afrontar una investigación de la Fiscalía fue Luis González Macchi (1999-2003). El entonces fiscal René Fernández, luego ministro de la Secretaría Anticorrupción en el gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo a su cargo la causa, junto a la fiscala Alba Delvalle. El Ministerio Público investigó una cuenta bancaria suya en Suiza en la que había alrededor de USD 300.000, que no los pudo justificar. Recibió una condena de 8 años.
