El señor A es secuestrado por delincuentes desconocidos y la familia denuncia el hecho a la Policía. Un fiscal solicita autorización para que se graben las conversaciones telefónicas de la casa del secuestrado, con la intención de identificar a los negociadores.
La señora B, que enfrenta un proceso judicial, recibe la visita de una persona que dice venir en nombre del juez de la causa, quien le propone arreglar el asunto a cambio de plata. La señora acepta, pero exige hablar personalmente con el juez en su casa. Y, luego, denuncia el caso a un fiscal, quien instala una cámara oculta en el lugar fijado para la reunión.
Si las grabaciones del teléfono del señor A lograran identificar a los secuestradores, estas no servirían como prueba. Si se filmara al juez que quiso coimear a la señora B, esa evidencia sería invalidada en el juicio. En ambos casos, porque los sospechosos no estaban formalmente imputados. Me dirá usted que eso es absurdo, porque en el primer caso se desconocía el nombre de los secuestradores y, en el segundo, porque si se le advierte al coimero que se lo está investigando, no concurrirá a ninguna cita.
Es exactamente eso lo que estableció la Sala Constitucional de la Corte, teniendo como preopinante al ministro Miguel Bajac. Una interpretación acomodadamente restrictiva del término “imputado” produce el mayor descalabro del sistema de investigación judicial en toda la historia de la transición. Hubo fiscales que dijeron que fue un día de luto para la Justicia paraguaya. Como el luto lleva décadas, me parece más apropiado declararlo día de fiesta para el narcotráfico. Desprovista la Fiscalía de la posibilidad de interceptar comunicaciones, los carteles de la droga deben estar festejando un esplendoroso futuro. También el pasado les es auspicioso. Con esta jurisprudencia, los pocos casos que terminaron con el imputado en la cárcel podrán ser objeto de revisión, pues las pruebas determinantes -había sido- fueron obtenidas ilegalmente.
Las consecuencias de este fallo son tan nefastas que motivaron una airada reacción. Y, como efecto colateral inesperado, salieron a flote otros episodios en los que Bajac favoreció a poderosos metidos en problemas judiciales. Y también casos en los que habría traficado influencias. Y también su supuesta protección a su yerno, el ex síndico de quiebras. Y también las presiones a favor de narcos procesados. Y también..., en fin, para hacerla corta, fue un escándalo tan magnífico, que asustó al propio Bajac. Tuvo que acudir presuroso al Parlamento a tratar de acallar las voces que pedían su juicio político. Hizo antesala con Ariel Oviedo. No se supo de qué hablaron, pero dos de los tres principales diarios del país especularon con su apoyo a los diputados oviedistas, Mussi y López Chávez, recientemente defenestrados del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Resulta sugerente que la primera voz en defensa de Bajac haya sido la de Óscar Tuma. No hay que hacerse muchas ilusiones con lo del juicio político. El Parlamento es una jungla donde el tráfico de influencias es considerado un pecado venial. Los liberales, ya lo ve, no emiten sonido. Se trata de un caso que afecta a un chancho de su chiquero. Mientras el costo no sea muy alto, lo defenderán.
Por eso, mejor olvidemos a Bajac. Hablemos de nosotros. Sí, de mí y de usted, amable lector/a. Si somos víctimas de una violación de nuestros derechos, solo nos queda la esperanza de que un juez de la República ponga las cosas en su lugar. Pero si el magistrado que nos toca parece más amigo de los maleantes que de la Justicia, estamos fritos.
