La disparada de los precios de los combustibles derivados del petróleo en todo el mundo puso a prueba la frágil economía de mercado que pretendemos sostener en Paraguay. Dejar que la relación libre entre la oferta y la demanda de productos y servicios fije los precios es algo que se dice fácil, pero que resulta a menudo política y socialmente muy difícil de respetar. Las tentaciones populistas y la capacidad de movilización o de lobby de algunos sectores convierten con frecuencia a ese ideal del liberalismo económico en una quimera.
Con el petróleo y sus derivados tenemos el problema principal de ser absolutamente dependientes del mercado internacional. No producimos una gota de carburante fósil, absolutamente todo lo tenemos que traer de afuera. Y no hay mercado más volátil que el de los combustibles derivados del crudo.
Durante décadas, los gobiernos intentaron domar a la bestia comercial monopolizando la importación del combustible más utilizado en Paraguay, el gasoil, mediante la fijación de precios políticos. Petropar –la estatal que alguna vez refinó petróleo crudo, pero que hoy es solo una importadora en manos del Estado– adquiría el combustible y lo vendía incluso por debajo del precio de compra. La consecuencia es que la compañía soporta una deuda impaga de más de 300 millones de dólares.
Cuando se abandonó esta onerosa práctica, los emblemas privados entraron en el negocio y rápidamente se hicieron con la mayor parte del mercado. Petropar se quedó con menos del 14 por ciento. Una sospecha lógica para un mercado tan pequeño es que los privados pueden ponerse de acuerdo para fijar los precios. Si fuera así, la competencia no existiría como regulador natural y la economía de mercado sería apenas un discurso tras el cual estaría operando un cartel de los combustibles, un oligopolio.
La mejor herramienta del Estado para desnudar los posibles acuerdos sería Petropar si la compañía pública no arrastrara los costos operativos siderales que supone cargar con toda la parasitosis política. En sus actuales condiciones, lo más probable es que los privados se ajusten a los precios de Petropar convirtiendo la diferencia de sus menores costos operativos en mayores utilidades para sus accionistas.
Discutir las ganancias del sector privado es un disparate. Cualquier inversor o trabajador privado debería poder ganar tanto como su eficiencia le permita. El límite debe ser en realidad su propia competencia. Los precios deberían ser el resultado de la competencia y de la demanda; y las ganancias, una consecuencia justa de sus niveles de eficiencia.
Pretender bajar los precios artificialmente mediante el subsidio es siempre un mal negocio para el país, porque es un costo que pagan todos los contribuyentes, pero nunca beneficia a todos por igual. El subsidio aplicado en solo dos combustibles y exclusivamente a través de Petropar es todavía peor. Se restringe aún más a los beneficiarios y destruye por completo cualquier intento de economía de mercado al introducir un competidor que vende un producto por debajo del costo apalancado con dinero público.
Los mayores beneficiarios de este esquema serán quienes contratan los servicios de transporte de los camioneros cuyos fletes no subirán de precio gracias al gasoil subsidiado por todos. Y entre los beneficiarios no están precisamente los sectores más carenciados de la sociedad. Por decir, los clientes más importantes de los camioneros son los agroexportadores.
No hay una salida fácil para este entuerto, pero el estruendo de la realidad no nos debe confundir tanto como para olvidar los principios que rigen una economía sana. No se trata de evitar la participación del Estado en mercados tan sensibles como el de la energía, sino de determinar cuál debe ser su rol y asegurarnos de que lo cumpla eficientemente.
El Estado debería estar trabajando en políticas públicas que nos permitan cambiar nuestra matriz energética (pasando del uso del carbón y los derivados del petróleo a la electricidad) y asegurándose de que los privados compitan realmente en el mercado para que los consumidores paguemos el mejor precio posible y no el que decida la clase política o el cartel de los combustibles.
