Los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Elsa García escucharon esta mañana los argumentos tanto de la defensa del encausado, el abogado Ricardo Estigarribia, como del fiscal Jorge Arce.
La defensa sostuvo que está pendiente una acción de inconstitucionalidad promovida contra el auto de apertura a juicio oral ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con lo que, eventualmente, si se hace lugar a la misma, todo el procedimiento sería nulo.
Por su parte, el fiscal Arce requirió el rechazo del recurso, teniendo en cuenta que la promoción de la acción no suspende el trámite salvo que exista una resolución cautelar al respecto por parte del Máximo Tribunal de la República.
Después, el Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos rechazó la reposición de la defensa y ratificó la convocatoria para el 3 de noviembre a fin de llevar adelante el juicio oral al ex juez de Paz de la Recoleta Víctor Nilo Rodríguez, y otros acusados.
Los jueces corroboraron que no existe medida cautelar alguna que suspenda el avance del proceso, por lo que, con este argumento, no hicieron lugar al pedido.
No obstante, dieron trámite al recurso subsidiario, con lo que el expediente será remitido al Tribunal de Apelación a fin de que estudie de nuevo la cuestión.
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Si el fallo confirma lo resuelto, finalmente, se podrá realizar el juicio oral contra el ex juez de Paz y los coprocesados el próximo 3 de noviembre.
La acusación fiscal
En el caso, la acusación de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero dice que entre los años 2022, 2023 y 2024, en el juzgado de Paz de La Recoleta, empresas de cobranzas plantearon acciones preparatorias de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con pagarés sin indicación del beneficiario.
Los fiscales explican que los procedimientos los ujieres debían notificar a los deudores para acudir a reconocer las firmas de los pagarés; así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia. No obstante, estos procedimientos no se realizaban.
Sobre el juez Víctor Nilo Rodríguez dicen que actuó con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados “no eran diligenciadas realmente por los ujieres, quienes se limitaban a informar falsamente sobre ello, además, dictó resoluciones vulnerando el derecho a la defensa en juicio de toda persona y violando las formas dispuestas para el caso particular”.
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El entonces juez de Paz habría dictado resoluciones violando la ley en un total de 178 expedientes de juicios ejecutivos o acción preparatoria de juicio ejecutivo, entre el 2022 y el 2024.
A más del ex magistrado, también irá a juicio el ujier Fernando Cáceres, quien declaró que el juez instaló cámaras con micrófonos en todo el Juzgado y que desde allí controlaba todo. Además, que los abogados dieron a entender que tenían un negocio con el magistrado en el cobro de notificaciones.
Acusado de hurto
Aparte del uso de documentos públicos de contenido falso y el prevaricato, el ex juez también está acusado de hurto, ya que luego de que la Corte –en el 2025– haya dispuesto su suspensión en el cargo, llegó hasta su despacho de madrugada.
A las 00:00 del 6 de febrero del 2025, a bordo de la camioneta Nissan Frontier blanca, llegó hasta el acceso del Juzgado de Paz de la Recoleta, sobre la calle Guido Spano e ingresó a la oficina por 15 minutos.
Según la Fiscalía, “sustrajo expedientes varios y documentos que pertenecen al Juzgado”. Todo eso subió al asiento trasero de su vehículo y se retiró del lugar.
Asimismo, el mismo también está procesado en el caso de la mafia de los pagarés respecto al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
