En la sesión de esta mañana, varios integrantes del Jurado rectificaron su voto respecto a la causa abierta contra el juez en lo Civil y Comercial de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, Nelson Mercado.
Es que, en la sesión pasada, por primera vez, el JEM dispuso el enjuiciamiento del magistrado por comisión de hecho punible, sin que haya una causa abierta y mucho menos la imputación contra el magistrado.
En el caso, supuestamente el mismo solicitó 30 mil dólares en un juicio de regulación de honorarios y le habían entregado 15 mil, según chats de una procesada en una causa.
El diputado Alejandro Aguilera fue el preopinante. Señaló que sobre la causal de comisión de hecho punible, la potestad de abrir una investigación por parte del JEM se encuentra supeditada a la existencia de un proceso penal como un requisito sin el cual el Jurado no se halla habilitado para abrir la investigación en dichos términos, apuntó.
Refirió que la propia redacción de la norma prevé que el procedimiento quedará suspendido hasta tanto se dicte resolución que ponga fin al proceso en el fuero Penal.
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Con eso, dijo que con la interpretación a contrario sensu, se puede decir que sin la existencia del mismo no se podría ejercer acción oficiosa alguna por dicha causal debido a que no se podría suspender un enjuiciamiento a resultas de un proceso penal inexistente.
Dijo que es potestad del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública y su valoración posterior. Con ello, pidió rectificar la resolución y que se deje sin efecto el enjuiciamiento respectivo.
Al final, tuvo mayoría de los votos, por lo que el Jurado resolvió por mayoría de votos no hacer uso de la facultad oficiosa prevista en el artículo 18 de la Ley N.° 6814/21, con relación al juez Nelson Mercado y además remitir los antecedentes de la causa al ministerio público conforme a los argumentos señalados.
De esta manera, se dejó sin efecto el enjuiciamiento de oficio del juez Abg. Nelson Mercado por la causal de la comisión de hechos punibles en uso de la facultad oficiosa prevista en el artículo 18 de la citada legislación.
La causa se había abierto por la publicación del medio El Observador. En el caso, la abogada Ilsa Paredes se encuentra procesada por la supuesta megaestafa de unos 1,6 millones de dólares contra productores y colonos menonitas en el Departamento de San Pedro.
El fiscal José Godoy Blanco, en la investigación de la causa, había incautado el teléfono de la abogada. De los cruces de llamadas es que aparecieron los chats con el magistrado Mercado Portillo, quien tiene una regulación de honorarios.
El 5 de octubre pasado, el juez Civil, Comercial y Laboral de Santa Rosa del Aguaray, Nelson Mercado, presentó su informe y descargo ante el JEM.
