La Coordinadora de Víctima de la Mafia de los Pagarés sacó un comunicado ante los recientes acontecimientos que sacuden el tablero político nacional. ¿Cómo les afecta? “Mientras ellos se desvelan midiendo fuerzas y pactando treguas para asegurar su impunidad, existe un país real que ellos no ven, ni tienen en cuenta”, hablan.
Hablan de un Paraguay donde “miles de familias sufren un genocidio civil silencioso”, desvalijadas por una “red mafiosa de usura”, ante la mirada complaciente del Estado.
Denunciaron que mientras los líderes políticos se estrechan la mano y ensayan discursos de una “unidad ficticia”, las víctimas de la mafia de los pagarés seguimos sufriendo una mala justicia.
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“No ven el sufrimiento de la madre trabajadora cuyo salario es embargado ilegalmente por un pagaré adulterado. No ven el dolor del microempresario que pierde su vivienda en un remate judicial exprés”, lamentaron.
Expusieron una realidad ya conocida por muchos, que los juicios se cocinan “entre gallos y medianoche en un Juzgado de Paz corrupto”.
Llamado a los diputados
Las víctimas de la mafia de pagarés hicieron un “llamado enérgico” a la Cámara de Diputados, para que ya no dilaten los proyectos de ley que buscan frenar los abusos de los pagarés y regular las tasas usurarias.
Solicitaron que den trámite al pedido de juicio político en contra de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los que les sindicaron como “protectores de esta red delictiva”.
Por último, pidieron al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, que les reciba en una audiencia para dialogar sobre la trama.
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Siete jueces implicados
En total, siete jueces de Paz (varios renunciaron) ya fueron acusados por la mafia de pagarés en nuestro país; ellos son Carmen Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación), Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado de Paz de La Recoleta), Nathalia Guadalupe Garcete (La Catedral 2° Turno) y Lilian González de Bristot (San Roque).
También está el actual juez suspendido Gustavo Villalba (La Catedral 1° Turno), así como la ex jueza de Luque, Norma Ortiz; y Roberto Ferreira, de Benjamín Aceval. Todos habrían sacado resoluciones “torciendo el derecho”.
