Mafia de los pagarés
Es una causa judicial por un supuesto esquema de estafas a personas asalariadas mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas, mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso.
La mafia de los pagarés no descansa y sigue perjudicando a miles de víctimas en todo el país, con nuevas modalidades de descuentos o embargos, que siguen impunes, sin ser vistas por la Fiscalía.
Laura Noemí Duarte, una docente de Benjamín Aceval, sacó un crédito de G. 2 millones de la empresa Crediprofe (ahora Mburuvicha Créditos), y de firmar un solo pagaré, ahora aparecieron 4 en total, de G. 7 millones cada uno, teniendo que pagar en total G. 28 millones. Incluso, ya tiene embargos solo que suspendidos hasta que puedan ingresar.
El calvario de una mujer con la empresa Insur comenzó hace 13 años, a quien por una TV y un crédito de G. 500.000 le aparece una deuda de más de G. 12 millones, pese a que ya pagó más de G. 7 millones.
Los procesados por el caso mafia de los pagarés, que involucra a jueces, abogados y otros actores de la Justicia, también deben ser investigados por asociación criminal, afirma el senador Rafael Filizzola, quien preside una comisión de legisladores que investiga el caso.
El senador Rafael Filizzola explicó cómo funcionará la nueva ley que estipula suspender los embargos cuando los expedientes de los juicios ejecutivos están desaparecidos. Explicó que estos embargos de la mafia de los pagarés “en muchos casos, les privan de la totalidad de sus ingresos”.
Las víctimas de la mafia de los pagarés consideraron como “solo un pequeño alivio” la nueva ley para suspender embargos y exigieron una investigación como crimen organizado, ya que el mismo Estado “reconoció la existencia de la mafia”.
El presidente de la República Santiago Peña promulgó la ley N° 7614 de saneamiento de juicios ejecutivos irregulares que será transitoria por dos años, se creó para corregir violaciones durante los procesos, especialmente en las causas conocidas como la mafia de los pagarés.
Desde noviembre, la recusación presentada contra la fiscala Liz Medina en la causa de la jueza de Paz Norma Ortiz no se resuelve, por lo que el caso está trabado. La agente fue asignada para investigar el presunto esquema de la mafia de pagarés dentro del Juzgado de Luque. El caso saltó a luz tras una auditoría de la Corte, que confirmó irregularidades en los juicios.
El Tribunal de Apelaciones de Delitos Económicos rechazó la apelación que planteó José Olmedo Lansac, propietario de la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), y confirmó que el empresario afrontará juicio oral por el caso de la mafia de los pagarés.