Unas 200 víctimas del caso conocido como “la mafia de los pagarés” forman parte del staff de instructores y docentes del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), quienes retiraban créditos de la asociación, firmaban los pagarés y fueron demandados por una casa de créditos que les requería vía Juzgado de La Recoleta, sobre el pago que ellos ya realizaron.
Blanca Melo, una de las afectadas, manifestó a Telefuturo que cayeron en manos de “la mafia de los pagarés”.
Nota relacionada: Segunda imputación contra juez de Paz por caso de mafia de pagarés
“Esta empresa nos hacía firmar doble pagaré, firmábamos con nuestra asociación, que cuando pagábamos supuestamente toda nuestra deuda nos entregaba nuestro pagaré. También la empresa nos hacía firmar otro pagaré para poder ejecutar cuando ellos quisieran, ya con todas las deudas atrasadas, sin habernos notificado nunca y con firmas de jueces que apañaron este proceso de principio a fin”, expresó.
200 nuevas víctimas de la mafia de los pagarés. Todos son funcionarios del SNPP.
— Telefuturo (@Telefuturo) April 22, 2025
🔴EN VIVO: https://t.co/bmmwHO0a0L#TelefuturoPy #MeridianoPy pic.twitter.com/HkLmSyU0vY
Comentó que en uno de los reportes de un ujier decía que se constituyó en el local del SNPP y supuestamente aplaudió mucho, pero nadie salió a atenderle, pese a que hay guardias en el sitio.
“No nos notificaron, no pasamos por ningún juicio, no pudimos defendernos ni presentar nuestras pruebas de doble pago que estábamos haciendo, triple en algunos casos, que ya habían cancelado dos veces y le vuelven a venir los embargos”, agregó.
Fiscalía imputa a 10 personas por varios hechos
La fiscala Karina Caballero Hellion, de la Unidad Penal Barrial N.° 8, presentó imputación en contra de miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, funcionarios públicos, auxiliares de justicia y representantes de casas de crédito.
Los procesados están sindicados como presuntos responsables del desvío y uso indebido de los fondos de la asociación, correspondientes al periodo 2019-2023, como la recientemente elegida en el 2023, cuyo perjuicio patrimonial asciende a G. 5.541.026.492, conforme a la auditoría practicada.
Lea más: Mafia de pagarés: Buscan vía ley que ya no se descuenten deudas de las jubilaciones ni pensiones
La Fiscalía informó que estas personas se encuentran investigadas por los hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción de documentos no auténticos y prevaricato, en calidad de autores, instigadores o cómplices.
La consecuencia de estos hechos ha sido la constitución de un negocio jurídico irregular, cuya operatoria ha generado daños patrimoniales directos a más de 200 asociados, quienes fueron inducidos a contratar créditos bajo condiciones opacas y perjudiciales.
Un juez de paz entre los imputados
Los investigados son Arnaldo Rafael Maciel Riveros, Wilma Mercedes Cabrera, Blas Emilio Mora Jiménez –quien se desempeñó como administrador de la asociación en el periodo comprendido entre los años 2019 a 2022–, Pedro Adolfo Olmedo Caro y Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, el presidente y gerente general de la firma Serfin SA, respectivamente.
Le puede interesar: Mafia de pagarés: “Saqué G. 3 millones y pagué G. 250 millones”
También Gustavo Omar Cartes Araújo, presidente de la firma Presto SA; María Belén Cartes Berino, directora titular de la firma Presto S.; Víctor Nilo Rodríguez Acosta, juez de paz de La Recoleta; Gloria Isabel Morínigo Gill, actuaria judicial del Juzgado de Paz de La Recoleta; Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg, ujier notificadora del Juzgado de Paz de La Recoleta, y Rosa del Pilar Lezcano Correa, actuaria del Juzgado de Paz de La Recoleta.
Los socios reclaman la desaparición de sus aportes
Conforme a la denuncia promovida por los socios en contra de los directivos, los descuentos efectuados sobre sus salarios para el pago de créditos obtenidos de distintas casas de crédito, con intermediación de la asociación, no fueron destinados a la cancelación de los préstamos aprobados por diversas entidades crediticias, desconociendo el destino de dichos fondos.
Asimismo, los socios reclaman la desaparición de sus aportes y cuotas sociales de las cuentas de la asociación, y denuncian irregularidades en la administración del patrimonio de la entidad, lo cual ha causado un perjuicio millonario a la misma.
Los hechos investigados habrían tenido lugar en la sede de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, ubicada sobre la calle Doctor Molas López 480 de la ciudad de Asunción, así como en el Juzgado de Paz de La Recoleta, también situado en esta capital, y desarrollado en un periodo comprendido entre los años 2020 y 2024 inclusive.
