Se trata de Celina Estanislaa González, de 41 años, quien en marzo del año pasado accedió a un préstamo de G. 3 millones de la firma Eda y Asociados SA, motivada por la enfermedad de su madre. Según relató, en ese momento le advirtieron que el sistema de cobro se realizaba mediante embargo judicial.
La situación se tornó crítica meses después. En octubre comenzaron los descuentos de su salario, que alcanzaron G. 2.063.000, y en diciembre se sumó un nuevo préstamo por el mismo monto, lo que duplicó las deducciones. Como consecuencia, la educadora pasó a percibir salario cero.
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Desesperada por la situación económica, González tomó la drástica decisión de renunciar a sus dos rubros docentes, los cuales había trasladado desde su ciudad natal a la ciudad de Concepción, del departamento homónimo.
La afectada denunció que la empresa de donde realizó el préstamo habría promovido dos embargos judiciales por G. 14 millones cada uno, a pesar de que –según afirma– solo prestó G. 3 millones.
El caso ya fue denunciado ante el Juzgado de Villa Hayes, donde cuenta con el acompañamiento de una defensora pública.
Finalmente, la docente solicita la revisión de su caso y la posibilidad de recuperar sus rubros, asegurando que su renuncia se dio en un momento de extrema desesperación.
