Maltrato y discriminación, ¿por ignorancia? Viajar en el transporte público es en sí una odisea y más aún para las personas con discapacidad. Lorena Amarilla es una joven madre que alza su voz para denunciar las dificultades que su hija de 11 años, Yasy, se ve obligada a pasar con su certificado de discapacidad en mano, cuando sube a un bus e intenta hacer uso del pasaje libre en el transporte público. A pesar de tener el derecho legal de viajar sin costo, según La ley 6556/2020, los choferes se niegan a aceptar el carnet de discapacidad.
Pero el periplo no empieza en el bus, sino mucho antes. Ya desde que se busca obtener el carnet de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis). Según Lorena, el proceso para obtener el certificado de discapacidad ya fue complicado, se tardó seis meses en lugar de un mes como la ley establece.
Una vez que obtuvieron el certificado, experimentaron viajes en transporte público, donde no tuvieron problemas al mostrar el carnet. Sin embargo, su primera experiencia desagradable ocurrió en la Línea 23, en el coche número 16, cuando el chofer se negó a permitir el acceso a su hija.
‘‘Ella se sube y le muestra el carnet. Como ella es demasiado educada y tiene una gran sensibilidad, espera que se le dé la aceptación para pasar. Y el chofer le dice: ‘¡No vas a pasar!’ Entonces, yo me adelanto, ya pasé mi pasaje, el que corresponde, y le digo que tiene un carnet de personas con discapacidad que dice pasaje libre y que esto le otorga la Ley 6556/2020 y que esto es superior a cualquier negativa. ‘No me interesa a mí ni tu ley ni tu carnet porque mi jefe me va a descontar de mi salario‘, me dice’’, relata la madre.
Lorena y Yasy se vieron atrapadas en esta situación y tuvieron que recurrir a soluciones incómodas, como pasar por debajo de los molinetes, debido a la negativa del chofer. Esta experiencia fue impactante para su hija, quien debe lidiar con la discriminación y el trato injusto, a pesar de tener todos los derechos legales para utilizar el transporte público de manera gratuita.
La madre de Yasy destaca la necesidad de una mayor concienciación y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que hace un llamado a la sociedad y a las autoridades pertinentes para abordar esta problemática, asegurando que las leyes en favor de las personas con discapacidad no queden en papel, sino que se apliquen efectivamente en la vida cotidiana.
Denuncias. La falta de una entidad encargada de hacer cumplir la Ley 6556 y supervisar el acceso de las personas con discapacidad al transporte público es un problema que requiere atención urgente. ‘‘Porque es complicado presentar una denuncia por esta situación y no hay una entidad clara encargada de hacer cumplir la ley. Ni el Viceministerio de Transporte ni Senadis’’, lamenta Lorena Amarilla.
Relata que al llamar a las instituciones, los funcionarios no les pueden orientar, por eso cree en la importancia de concienciar y hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad porque otras madres de niños con discapacidad también han experimentado situaciones similares.
Yasy va a una escuela para personas con discapacidad. Es netamente inclusiva y todas las madres cuentan la misma historia. Alumnos que ya son grandes, alumnos que a lo mejor nunca pudieron tener acceso a la educación que hoy tienen siendo adultos y ellos te dicen que esperan buses sin molinete por temor que se les haga pasar malos ratos.
‘‘Ella (por Yasy) se va frustrada al asiento, llora, se enoja. ¿Por qué no me dejó pasar por arriba si yo ya tengo mi carnet?, me dice’’.
La Ley Nº 6556/20 establece la gratuidad del pasaje para personas con discapacidad que exhiban el carnet que emite la Senadis. ‘‘La ley dispone que expidamos a los usuarios el carnet, que es lo que hacemos, pero las sanciones están a cargo del Viceministerio del Transporte’’, indicó Marcos Caballero, desde el departamento de Comunicación de la Senadis.
Si en la institución se recepcionan las denuncias, en Asesoría Jurídica, luego son remitidas al Viceministerio del Transporte porque ellos son el órgano de aplicación, según la ley.
Esta normativa abarca el área metropolitana y Asunción, donde funciona el billetaje electrónico. Según la denuncia, los choferes argumentan que el carnet no es válido, que lo que les habilita a las personas con discapacidad a viajar gratis es una tarjeta con chip.
Desde el 2020, la Senadis recepciona denuncias, pero siempre hay conductores que se niegan alegando que sus jefes desconocen la ley.
ÚH intentó comunicarse con el Viceministro de Transporte, Guido Benza, para abordarle sobre esta situación, pero no respondió.
En total, Senadis hasta el momento ya expidió unos 12.000 carnets para personas con discapacidad desde la vigencia de la normativa.
12.000 carnets fueron dados por la Secretaría Nacional por Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
50 jornales mínimos es la multa para las empresas del transporte público cuyos choferes rechacen el carnet.
