De acuerdo con la Policía Federal, las investigaciones, que se enmarcan dentro de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, confirmaron “donaciones” por 4 millones de reales (unos USD 987.654) de la constructora Odebrecht al Instituto Lula entre diciembre de 2013 y marzo de 2014.
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Las supuestas “donaciones” fueron transferidas a una “especie de cuenta corriente de sobornos” que mantenía la constructora a cambio de beneficios de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), según el informe de la Policía.
El coordinador de la investigación, el comisario Dante Perogago Lemos, decidió presentar la nueva denuncia formal “ante la disimulación del origen y la naturaleza” de los recursos repasados por Odebrecht al Instituto Lula, “falsamente presentados y registrados como donaciones”, según un informe de la Policía Federal de 130 páginas al que Efe tuvo acceso.
La Policía Federal concluyó su investigación el pasado lunes y envió el informe final, con recomendación de apertura de juicio, al Ministerio Público Federal en Curitiba para su evaluación y posterior envío a juez.
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Además de Lula, fueron acusados Paulo Okamotto, presidente del instituto; el ex ministro de Hacienda Antonio Palocci y Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora.
La defensa del ex jefe de Estado señaló que la denuncia no tiene sentido ya que todas las donaciones al Instituto Lula fueron legales, tienen su origen identificado y se realizaron sin ninguna contrapartida.
Agregó que en la época de las donaciones Lula no ejercía ningún cargo público y que los recursos fueron destinados al instituto que lleva su nombre que no debe confundirse con la persona física del expresidente.
A pesar de haber salido de cárcel en noviembre, luego de permanecer por año y medio tras las rejas, Lula afronta nueve procesos abiertos en la Justicia, todos relacionados con casos de corrupción y tiene dos condenas abiertas en dos de ellos.
En uno de ellos el exmandatario cumple una sentencia ratificada en tercera instancia de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, después de haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La otra pena que pesa sobre Lula es de 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
Lula fue liberado a comienzos de noviembre tras una decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la prisión de una persona condenada en segunda instancia y antes de que se agoten todos sus recursos en la Justicia.
