Tras la renuncia de Óscar Nenecho Rodríguez, el 22 de agosto de 2025, Luis Bello asumió la intendencia el 27 de agosto, tras obtener 15 votos a su favor de la mayoría de los concejales colorados leales a Nenecho.
Ex presidente de la Junta Municipal, ex director ejecutivo municipal de Fonacide y concejal suplente, Bello asumió luego de que la Municipalidad de Asunción fuera sometida a una intervención, proceso iniciado tras la denuncia sobre el desvío de G. 500.000 millones durante la administración de Nenecho.
La gestión de Bello buscó, sobre todo en el discurso, “ordenar la casa” y apartarse de la oscuridad financiera y el bicicleteo registrados durante la gestión anterior. Sin embargo, en el camino se denunciaron numerosas situaciones que pusieron en entredicho estas intenciones.
Presupuesto 2026: Saldo “0" y “usurpación” de funciones
A finales de octubre de 2025, se dio a conocer que la administración de Bello tenía previsto gastar en 2026 un total de G. 784.000 millones solo en sueldos. Dicho monto representa el 40 % de los G. 1,9 billones que se pretendían recaudar a lo largo del año.
Para obras, por su parte, la Municipalidad de Asunción estimaba un gasto de G. 569.000 millones.
Curiosamente, en el presupuesto se “borraba” el saldo de los bonos municipales, lo que generó cuestionamientos por parte de ediles opositores. El concejal Humberto Blasco (PLRA) fue el primero en informar que la administración, tras la asunción de Bello, ya no haría el reembolso a las cuentas de los bonos que fueron usados “promiscuamente” por la administración de Nenecho, según el informe de la intervención.
Autoridades del gabinete de Bello indicaron a Última Hora que el dinero de los bonos tampoco se tocaría y confirmaron que se usaría la recaudación para pagar las obras de desagüe que siguen en curso en los barrios San Pablo, Santo Domingo y Manorá.
No obstante, desde la Junta Municipal cuestionaron que se dejara en “0" el saldo de los bonos, puesto que, en palabras del edil Javier Pintos (ANR-HC), esto “implica aceptar tácitamente que ese dinero desapareció”.
El presupuesto de 2026 también incluyó un ingreso de G. 174.634 millones por la venta de inmuebles de la franja costera de Asunción, lo que generó asimismo cuestionamientos desde la oposición. Álvaro Grau (PPQ) indicó que el objetivo de vender el patrimonio municipal era “pagar salarios y deudas”.
Por otro lado, el documento fue cuestionado por su carácter plurianual, al incluir los años 2027 y 2028. Blasco sostuvo que, según la Ley Orgánica Municipal, la obligación de los concejales es estudiar el presupuesto anualmente. El edil calificó la medida como una “usurpación de funciones” de la próxima administración, que será escogida este 4 de octubre.
En la misma senda de Nenecho: Sueldos consumen gasto municipal
En octubre de 2025 también se presentó la rendición del segundo cuatrimestre (de mayo a agosto) de la Municipalidad de Asunción. El documento reveló que, solo en sueldos, se gastaron, de enero a agosto de 2025, más de G. 405.000 millones. En contrapartida, para obras solo se destinaron G. 31.687 millones. El gasto en salarios fue casi 13 veces superior al destinado a obras en ese entonces.
En tributos, los asuncenos aportaron G. 859.000 millones.
En el documento del tercer cuatrimestre de 2025, se evidenció que la Municipalidad, durante las administraciones de Nenecho y Bello, destinó G. 728.000 millones (USD 125 millones al cambio actual) al pago de sueldos. En cambio, se destinaron G. 42.000 millones (USD 7 millones) a obras, cifra 17 veces inferior al monto destinado a salarios para los 9.000 funcionarios municipales.
La rendición de aquel periodo daba, además, cuenta de que la Dirección de la Estación de Buses de Asunción destinaba más del 100% de su recaudación al pago de sueldos. En todo 2025, recaudó G. 20.000 millones, pero destinó G. 23.000 millones a salarios de los funcionarios del lugar.
Más adelante, en junio de 2026, se presentó el informe financiero correspondiente exclusivamente a la gestión de Bello. El documento expuso que la Municipalidad de Asunción, entre enero y abril de este año, pagó G. 230.000 millones en sueldos, cifra muy superior a los G. 28.000 millones invertidos en obras.
El informe expuso también que se recaudaron alrededor de G. 100.000 millones para la conservación del pavimento y el mantenimiento del desagüe pluvial, y G. 125.000 millones en concepto de limpieza, recolección y disposición de residuos. Pese a ello, Asunción continuaba mostrando un rostro deteriorado, con calles destruidas y vertederos que pululan en distintos puntos.
Deuda de bonos: Incumplimiento y carga sobre futura administración
A principios de noviembre de 2025, la Municipalidad adeudaba más de G. 51.000 millones por intereses vencidos de bonos. La administración de Bello evitó hablar sobre esta deuda, pese a las reiteradas consultas de este diario en aquel entonces.
A comienzos de febrero de 2026, Última Hora informó que los tenedores de bonos habían resuelto “autorizar el inicio inmediato” de acciones judiciales contra la Municipalidad debido a la millonaria deuda por intereses vencidos. En aquel entonces, esta ya ascendía a G. 128.000 millones.
El 7 de abril, el intendente anunció en conferencia de prensa que había cerrado un “acuerdo estratégico” con los tenedores de bonos para pagar solo una parte y diferir el resto hasta la siguiente administración. Ante una deuda de G. 145.000 millones, se estableció un cronograma de pago: el primero de G. 50.941.301.370 debía efectuarse entre el 13 y el 22 de mayo; el segundo, de G. 41.101.917.808, estaba programado para el 15 de setiembre.
Se acordó, además, diferir un saldo de G. 181.000 millones, correspondiente a lo que restaba del ejercicio de 2026 y al primer bimestre de 2027, hasta el 31 de marzo de 2027, para que la siguiente administración se hiciera cargo.
La Comuna realizó un pago de G. 50.000 millones el 5 de junio y, el 15 de septiembre, se informó de otro pago de G. 22.000 millones. De esta manera, Bello no cumplió con lo establecido en el acuerdo con los bonistas y ahora se espera que la siguiente administración llegue a un nuevo acuerdo de pago para sobrellevar la carga de los intereses vencidos. Actualmente, la deuda supera los G. 107.000 millones.
Balance “maquillado” y aprobado por cómplices de Nenecho y Bello
El 10 de mayo de 2026, se conformó una alianza entre ediles opositores y disidentes colorados para rechazar el balance municipal de 2025, que comprendía periodos correspondientes a las administraciones de Nenecho Rodríguez (entre enero y mayo) y de Luis Bello (entre setiembre y diciembre).
Entre los argumentos para rechazar el balance, se mencionó que el documento exponía el presunto desvío del dinero de los bonos destinados a pagar los desagües en la capital, así como la baja inversión en obras y el supuesto adulteramiento de cifras del documento.
Tras un proceso de verificación y devolución del balance a la Junta Municipal, el 15 de julio se resolvió su aprobación en medio de gritos de sindicalistas que acudieron hasta la sala de sesiones a presionar a favor del informe financiero.
Los sindicalistas consultados alegaron que era necesario que el balance se aprobara para solicitar créditos, entre ellos, el de déficit temporal de caja, utilizado usualmente para el pago de sueldos y aguinaldos al final de cada año. Del mismo modo, indicaron que la aprobación del balance era “un requisito para la entrega” de los nuevos recolectores.
Crisis de la basura y compra “direccionada” de camiones
Al inicio de la administración de Luis Bello, el servicio de recolección de basura presentaba deficiencias. Vecinos de distintos barrios reclamaban que no se recogía la basura a tiempo y que se formaran vertederos que deterioraban la calidad de vida en la ciudad.
Reclamos de este tipo llegaron hasta la Redacción de este diario desde barrios como San Cristóbal, General Díaz, Sajonia, Itay, Ciudad Nueva y Villa Aurelia, entre otros, además de distintos puntos del microcentro de Asunción.
Pedro Bogado, de la Dirección de Servicios Urbanos, detalló, el 26 de setiembre de 2025, que, de los 32 camiones de recolección domiciliaria, 12 necesitaban mantenimiento, por lo que se recurría al alquiler de otros 12 camiones de la empresa San Cristóbal y de otros 3 de El Palacio.
Bogado también explicó que la raíz del problema de la recolección radicaba en el uso excesivo de los vehículos, ya que estos estaban diseñados para una vida útil de, por ejemplo, 10 años si se utilizaban durante 10 horas diarias. Sin embargo, algunos eran usados hasta 24 horas al día.
La crisis por la falta de camiones operativos continuó durante casi toda la administración de Bello, quien, el 20 de julio pasado, afirmó que ya no se tendría el inconveniente de no poder llegar a todas las casas gracias a la compra de 11 nuevos camiones recolectores.
Pese a esta compra, distintos puntos de Asunción siguieron registrando acumulación de basuras y vertederos aparentemente incontrolables.
Cabe resaltar además que, a lo largo de la administración de Luis Bello, hubo sucesivos cambios en la Dirección de Servicios Urbanos. Estuvieron al frente de ella Michel Gaona, Armando Becvort, Máximo Medina y Víctor Basualdo.
Basualdo duró un solo día, luego de que se recordara que fue uno de los funcionarios condenados a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la condena, por el caso del desvío de más de G. 18.300 millones durante la administración de Hugo Javier como gobernador de Central (2018-2022).
Dudosa compra de camiones por G. 13.000 millones
El 18 de marzo se habilitó oficialmente el llamado para la compra de 11 camiones recolectores para la Municipalidad de Asunción, bajo la modalidad de contratación por vía de la excepción. El proceso se realizó directamente, evadiendo los controles de la Junta Municipal.
La Dirección de Servicios Urbanos, en ese entonces a cargo de Armando Becvort, alegó “urgencia” para acelerar la compra y detalló que, en ese momento, la Comuna contaba con 28 camiones, aunque solo 19 unidades estaban activas y otras 9 con problemas mecánicos.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) observó un supuesto direccionamiento en este proceso, al detectar en el pliego de bases y condiciones especificaciones técnicas que “podrían encontrarse dirigidas a una marca”. Se exigió, por ejemplo, que los camiones adquiridos contaran con sistemas como el “Top Brake”, patentado por Mercedes-Benz, cuyo representante en Paraguay es Condor.
El proceso se suspendió a mediados de abril debido a protestas relacionadas con el plazo de entrega y otros detalles del pliego de bases y condiciones. No obstante, se reanudó luego de que las protestas fueran rechazadas, según el director de la DNCP, Agustín Encina.
Fueron adjudicadas las empresas Cathay SAE y Condor SACI. La Municipalidad resolvió pagar G. 13.606 millones en total por los 11 camiones recolectores.
G. 38.000 millones por contratos de alquileres
La administración de Luis Bello decidió ampliar en G. 6.376 millones el monto máximo adjudicado en los contratos con El Palacio SA y San Cristóbal, firmas que alquilan camiones recolectores a la Municipalidad de Asunción.
Con esta ampliación, el monto máximo de ambos contratos suma actualmente G. 38.257.920.000.
Concejales opositores señalaron que estos alquileres representan un sinsentido y un despilfarro de los recursos de la Comuna. Alegaron que, con un porcentaje mucho menor, se podría reparar el parque automotor de Servicios Urbanos. Además, cuestionaron que la ampliación de los montos se diera en un periodo en el que también se gestaba la compra de los nuevos camiones.
Tanto en Aseo Urbano como en la Junta Municipal circulaban, además, versiones según las cuales El Palacio SA pertenecería a un sindicalista de la propia Municipalidad.
Denuncia por sobrefacturación de repuestos
El 24 de septiembre de 2025, el concejal Álvaro Grau pidió que se denunciara penalmente a los administradores del anterior intendente, Nenecho Rodríguez, por la compra de repuestos a precios altísimos al Taller RC, de Crispín Ruffinelli. Acusó directamente a Nenecho de permitir que el dinero de los contribuyentes se despilfarrara. Como ejemplo de la presunta sobrefacturación, el edil mencionó que por un brazo precap de G. 90.000, se pagaron G. 1.299.766. Grau pidió a Luis Bello que presentara una denuncia penal y aseguró que bajo la administración del intendente existía “una cadena de responsabilidad” que estuvo al tanto de este “robo descarado”.
Ante la denuncia, el director de Finanzas de la administración de Luis Bello, Hugo Martínez, respondió que el contrato con Ruffinelli tenía vigencia hasta el 31 de octubre y que había dejado de ejecutarse. Axel Mongelós, candidato a concejal y ex director de Servicios Administrativos durante la gestión de Nenecho, precisó, por su parte, que el contrato cubría vehículos livianos. También dijo que, en aquel entonces, había una flota municipal de más de 50 vehículos livianos a la espera de mantenimiento.
Nuevo préstamo y oscuridad en manejo de la recaudación
La Junta Municipal de Asunción aprobó, el 17 de diciembre de 2025, un préstamo de G. 184.000 millones a pedido del intendente Luis Bello. Con este dinero se informó sobre el pago a los jubilados por un total de G. 16.500 millones.
Días después de la aprobación del préstamo, el concejal Miguel Sosa (ANR-HC), presidente de la Comisión de Hacienda, aseguró que existían planes de solicitar un “préstamo internacional” para pagar las obras de desagüe en San Pablo, además de otros compromisos.
Por otro lado, el destino de los G. 184.000 millones nunca fue socializado en detalle a la ciudadanía.
La edil Rosanna Rolón (ANR-disidente) pidió, en enero, que se informara detalladamente sobre el destino de los fondos, con respaldo documental, así como sobre el saldo pendiente del crédito.
Consultado al respecto en marzo de este año, Bello respondió que con el dinero se pagó solamente a “proveedores y jubilados”, aunque no precisó el monto.
Asimismo, Luis Bello, al promocionar su gestión a inicios de 2026, afirmó que entre enero y febrero se recaudaron G. 500.000 millones. En junio de este año, el concejal Álvaro Grau volvió a pedir a Bello, vía minuta, que informe acerca del destino de esos recursos.
Hasta el momento, se desconoce en detalle el destino dado a estos fondos.
La “triple” carga para los asuncenos
Debido al desvío de los G. 512.000 millones durante la administración de Óscar Nenecho Rodríguez, distintas obras de desagüe quedaron sin financiamiento de los bonos que se emitieron en 2022 por G. 360.000 millones.
Tras el informe de la intervención, que evidenció el manejo irregular del dinero de los bonos, la administración de Luis Bello resolvió pagar a las contratistas con recursos provenientes de la recaudación municipal.
Debido a esta decisión, los contribuyentes asuncenos terminarán pagando tres veces por las obras de desagüe: la suma del capital del dinero de los bonos (G. 817.500 millones), que deberá pagarse, según el cronograma, hasta el año 2035, más los intereses (G. 765.000 millones), más los pagos que se realicen a las empresas que ejecutan las obras. En total, se calcula una deuda de G. 1,6 billones solo por la deuda de intereses y capital.
Funcionarios reclamaron por millonarias deudas
El 10 de octubre de 2025, miembros de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción (Afuma), que aglutina a más de 3.000 socios, reclamaron pagos adeudados desde julio. A finales de ese mes, Miguel Alonso, representante del gremio, informó que la deuda ascendía a G. 11.000 millones.
El 6 de noviembre y el 3 de diciembre, miembros de Afuma se manifestaron en la sede central de la Comuna y señalaron que la deuda con el gremio ascendía a G. 14.000 millones.
Al mismo tiempo, la Comuna acumulaba entonces una deuda de G. 18.000 millones con los jubilados municipales. La administración ya evaluaba en esas semanas la posibilidad de solicitar el préstamo bancario de G. 184.000 millones para cancelar la deuda.
Afuma volvió a protagonizar una manifestación el 14 de abril de 2026 para reclamar a Luis Bello el pago de una deuda de G. 6.245 millones.
Empresa prepara demanda por deuda de G. 737 millones
La administración de Luis Bello, que en 2025 se jactó de inaugurar las obras de revitalización de la plaza Naciones Unidas, nunca pagó una deuda de G. 737 millones reclamada por la constructora D&D Arquitectura y Construcción SRL, según la firma. El representante de la empresa, Dardo González, confirmó a Última Hora que actualmente sigue en preparación una acción contra la Municipalidad por deudas e indemnizaciones.
El contrato original para esta obra era de G. 2.094 millones, pero, durante la gestión de Nenecho, se amplió a más de G. 2.300 millones. La Comuna solo pagó un monto aproximado de G. 800 millones, indicó el empresario. El monto adeudado, de G. 737.416.848, correspondiente al certificado de obras N° 5, data del 5 de mayo de 2025.
La constructora, además, prevé solicitar una compensación por intereses moratorios y daños y perjuicios. González calculó que las pérdidas asumidas por la empresa en salarios, alquileres y gastos del proyecto, no contemplados en el contrato, superan los G. 400 millones.
Empresa taló árboles ignorando orden de Luis Bello
Vecinos del barrio Madame Lynch, que se oponen a la construcción de una estación de servicio en la zona de Santísima Trinidad y Teniente Coronel Cirilo Gill, informaron, el 24 de octubre de 2025, que el intendente Luis Bello no los recibía, pese a que acudían a la Comuna y solicitaban conversar con él. En aquel entonces, solicitaban que se cumpliera una resolución de la Junta Municipal que solicitaba la suspensión de la obra.
El pedido estaba firmado por 50 vecinos de la zona. No obstante, Bello los hizo esperar por más de cinco horas sin resultado alguno. A finales de 2025, la administración de Bello informó que había atendido el reclamo vecinal y difundió un video en el que anunció la revocación del permiso.
Pese a ello, entre el 3 y el 4 de enero de 2026 se registró una tala no autorizada en el inmueble. Los vecinos denunciaron los hechos y la Municipalidad de Asunción presentó una denuncia penal. Pese a esto, el juez Gerónimo Abraham González, del Juzgado de Faltas del 15° Turno,
dictó una sentencia con la que se resolvió liberar de responsabilidad a la firma.
El 1 de junio, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) suspendió temporalmente la declaración ambiental correspondiente a la estación de servicio.
Desalojaron a la Municipalidad de un inmueble
Bajo la gestión de Luis Bello, el Centro Municipal N° 2 Oñondivepa quedó sin espacio debido a una deuda de más de G. 191 millones por el alquiler del inmueble, ubicado sobre las calles 8 de Junio y Sargento Martínez. Además, en el lugar además se cortaron los servicios de energía eléctrica y agua por deudas cercanas a G. 22 millones, acumulados hasta junio de este año.
Integrantes de la familia que alquilaba el predio a la Municipalidad señalaron que los administradores les solicitaron “miles de papeles” para pagar y que “inventaron” documentos para no afrontar el pago. Contaron, además, que la casa en cuestión quedó “completamente destruida” y que la Municipalidad “no quiere hacerse cargo de la reparación”.
La Municipalidad de Asunción respondió en su momento que existía “la disponibilidad presupuestaria” para pagar el monto acumulado, pero que había requisitos documentales que impedían hacer efectivas las obligaciones.
Denuncias vecinales por ventas irregulares de terrenos
El 24 de junio de 2026, familias del Bañado Cará Cará se manifestaron frente a la sede central de la Municipalidad por una supuesta venta irregular de tierras en las que más de 200 familias viven desde hace décadas.
Los pobladores se refirieron a un terreno ubicado en Cañadón Chaqueño y Sargento Martínez. Allí, según informaron, supuestamente se presentó una persona extraña que reclamó la titularidad de las tierras y advirtió que los desalojaría.
Carlos Acuña, representante vecinal, afirmó que la supuesta transacción se realizó “bajo la mesa” con el aval de Luis Bello y de concejales cómplices. Explicó que el “propietario” actual busca revender el terreno a una empresa china que fabrica autopartes.
Una situación similar se dio en el barrio Mbocayaty, en la zona de La Piedad. La pareja conformada por Juan José Godoy y Mirian Ramírez denunció que, el 2 de julio, ingresó a su vivienda un hombre extraño que aseguró ser el nuevo dueño.
La presunta “invasión” del terreno, ubicado en Manuela Velloso casi Diagonal La Piedad, se dio luego de que la Municipalidad de Asunción aprobara, el pasado 29 de junio, la “demolición total” de una vivienda ubicada en la zona.
El documento fue firmado por el director de Obras Particulares, Nicolás Chaparro, y el jefe del Departamento de Aprobación de Planos, Guido Duarte, supuestamente sin que los vecinos afectados fueran notificados al respecto.
Este caso se enmarca en la supuesta instalación de un barrio cerrado en la zona. La administración de Luis Bello, a través de su director de Catastro, Aarón Martínez, manifestó que desconocía la existencia de algún proyecto de estas características en el lugar.
No se dio ninguna solución a vecinos que quedaron sin colectivos
Vecinos de los barrios Mbocayaty, Salvador del Mundo y Madame Lynch reclaman desde noviembre de 2025 la restitución del servicio de transporte público, tras el cese de actividades de la Línea 16. En mayo de 2026, los vecinos insistieron en que se conformara una mesa de trabajo entre autoridades de la Municipalidad de Asunción y el Viceministerio de Transporte.
Nueve meses después, el asesor técnico de la Dirección de Tránsito, Andrés Mallada, aseguró a Última Hora que se esperaba una reunión importante entre las distintas autoridades para el 20 de agosto, con el objeto de resolver la situación. Estimó que se restablecería el servicio 15 días después.
Tras la reunión, los vecinos informaron que las autoridades del Viceministerio se habían reunido con representantes de la empresa Magno para analizar los detalles del servicio previsto para las zonas afectadas.
Bajo gestión de Bello se expusieron esquemas de coimas a comercios
El 13 de noviembre de 2025 se difundieron distintos chats que revelaban a un presunto funcionario municipal solicitando cobros irregulares, de hasta G. 1.000.000, a comerciantes para “evitar” multas e instancias judiciales por irregularidades detectadas en un local comercial. Máximo Medina, jefe de Gabinete de Bello, aseguró que se adoptarían las medidas para verificar la situación.
El 11 setiembre de 2026, Bruno Martínez y Maximiliano Seiferheld denunciaron ante la Fiscalía el cobro de una coima en un local gastronómico ubicado en Montevideo y Lugano. En el caso habría estado involucrado un funcionario municipal que incluso devolvió parte del dinero que habría recibido por una “gestión particular”.
Tanto Martínez como Seiferheld sostienen que la denuncia “no atribuye responsabilidad a todos los integrantes de la Dirección de Defensa al Consumidor”, pero solicita identificar a quienes intervinieron y comprobar si existió una estrategia de cobro irregular.
Cajas paralelas en la Estación de Buses
Pese al cambio de administración tras la renuncia de Nenecho Rodríguez, las prácticas irregulares habrían continuado en dependencias como la Estación de Buses de Asunción (EBA), según denuncias de trabajadores del lugar que pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias. El 6 de octubre de 2025, los trabajadores contaron que el lugar estaba “copado por los colorados” y que estos “hicieron una oficina de Tesorería en el pasillo de una de las agencias” que funcionaba en la EBA.
Aseguraron que en la Estación de Buses se ofrecían planes de pago a los vendedores, pero que estos eran acompañados de presiones y amenazas de desalojo por parte de inspectores.
“Si vos debés G. 50 millones, (te dicen) traéme G. 25 millones y vamos a hacerte el plan. O, si no, mañana, en tres días, ya te vamos a desalojar”, contó una de las fuentes consultadas.
Los trabajadores vincularon al concejal Marcelo Centurión (ANR-HC) con supuestos negociados en la EBA. Mencionaron, entre otros casos, un local que figura “a nombre de otra persona”, registrado para vender alimentos, aunque también funciona como farmacia. Asimismo, afirmaron que el edil tendría negocios no regulados a su cargo que no pagan los cánones correspondientes.
Centurión negó las acusaciones y dijo que tiene sus “actividades particulares como abogado y emprendedor” fuera de sus funciones como concejal. El edil también afirmó que en la EBA hay trabajadores afiliados a la Seccional Colorada N° 35" y que, por ser afiliados de la ANR, no pasan a ser directamente “operadores políticos”.
“Persecución” a funcionarios de Aseo Urbano
A mediados de noviembre de 2025, tres trabajadores de Aseo Urbano fueron puestos a disposición, supuestamente, por pertenecer a un nuevo gremio sindical que era víctima de persecución.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que, tras la creación de dos nuevos sindicatos (Sioma y Sifoma), los sindicatos más antiguos de la Comuna (Sitrama, Sinoema y Simuca) habrían comenzado una persecución que terminó afectando a los funcionarios.
En medio de esta situación, se apartó a tres funcionarios de la referida dirección. El jefe de Aseo Urbano de aquel entonces, Armando Becvort, negó que existiera las persecución sindical.
El 13 de abril de 2026, cuando Máximo Medina ya era el nuevo jefe de Aseo Urbano, se registró un paro momentáneo de los funcionarios operativos, lo que afectó la salida regular de los recolectores durante la mañana.
El motivo de este paro habría tenido relación con otra persecución sistemática contra el anterior jefe de Recolección, Luis Berni, un referente del sindicalismo con 19 años de antigüedad.
Berni fue trasladado de Aseo Urbano, supuestamente, debido a sus constantes informes sobre el deplorable estado de la flota de camiones. Con su traslado, según fuentes del lugar, se buscó “silenciar” al funcionario y “cajonear” los informes remitidos “para evitar que lleguen a la Intendencia (...) y seguir cobrando por las horas de trabajo de cada camión”.
El botón de pagos que nunca se implementó
Durante una sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2026, la Junta Municipal aprobó un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para implementar un botón de pago. Según explicó el director de TIC de la Municipalidad, Roque Argüello, se trataba de una aplicación que estaba siendo desarrolla por técnicos de la Municipalidad. La herramienta iba a permitir realizar pagos electrónicos, además de acceder a servicios de información y presentar reclamos.
Hasta hoy, no se informó sobre su implementación, pese a la necesidad de la Comuna de informatizar sus servicios.
Obras de Fonacide siguen esperando
El 10 de marzo de 2026, Luis Bello encabezó una palada inicial “simbólica” de las obras de reparación en la Escuela Mauricio José Troche, de Zeballos Cué. No obstante, aún hay otras cinco instituciones que deben ser reparadas con los G. 2.869 millones adjudicados a MB Emprendimientos SA y Alberto Sosa Lezcano.
Cabe recordar que esta adjudicación se aprobó “a ciegas”, ya que la Junta ni siquiera pudo analizar con tiempo los documentos relacionados con las empresas adjudicadas.
La palada inicial en Zeballos Cué tuvo además un tufo proselitista, ya que además de Bello, contó con la participación de los ediles Mariano Cáceres (ANR-HC), César Escobar (ANR-HC), Javier Pintos (ANR-HC), Carlos González (ANR-disidente) y Jesús Lara (ANR-disidente). Todos estos concejales son candidatos para otro periodo en la Junta Municipal por la lista encabezada por Camilo Pérez.
El desagüe de General Santos y San Antonio nunca se inició
Ni con la administración de Nenecho Rodríguez ni con la de Luis Bello se iniciaron las obras de desagüe en la zona de General Santos y San Antonio.
A principios del 2026, el director de Obras, Antoliano Benítez, anticipó que la obra se iniciaría en la segunda semana de enero, aprovechando las vacaciones escolares. Hasta hoy, sin embargo, sigue siendo considerada fantasma, puesto que no hay señales de intervenciones en ninguna parte.
Cabe resaltar, no obstante, que en el área de la Costanera casi Artigas y General Santos se encuentran una gran cantidad de alcantarillas celulares que deben usarse para ejecutar la obra. Las estructuras incluso ya fueron utilizadas como refugio por personas con adicciones como aguantadero, ante la inactividad.
En una entrevista concedida a este diario en junio de este año, Luis Bello respondió que mantenía conversaciones con la empresa contratista para que, eventualmente, se puediera realizar una “cesión de deudas” y llegar a un acuerdo con la firma antes del inicio de la obra.
La palada inicial “simbólica” de esta obra se realizó el 20 de marzo de 2025. Debía financiarse con el dinero del bono G8 (G. 360.000 millones), pero la administración de Nenecho destinó la mayor parte de los fondos a sueldos y otros gastos prohibidos, según el informe de la intervención.
Interminables obras en San Pablo
En enero de 2026, los vecinos del barrio San Pablo, en la zona de Yporã, Incienso y Guatambú, solicitaron que la obra de desagüe de la cuenca Lambaré, concluyera de una vez, debido a que en el lugar se registraban accidentes e inundaciones durante los días de lluvia. Los vecinos contaron a Última Hora que convivían entre escombros y aguas cloacales, por lo que urgieron a Bello a tomar medidas al respecto.
El intendente, de hecho, se presentó el 20 de enero en la zona para acompañar una obra de asfaltado en la calle Lorenzo Cáceres. Una vecina lo encaró por ir a inaugurar “una cuadrita” mientras las calles del barrio se inundaban.
Por otro lado, en la zona de Epifanio Méndez Fleitas, entre Veteranos del 70, Jow Von Sastrow, Cacique Lambaré y Arecayá, también se recogieron testimonios sobre obras paralizadas, veredas destruidas, comercios afectados, falta de señalización, cortes de agua, hundimientos y calles inundadas, entre otros problemas.
Bello, en contacto con radio Monumental, aseguró, el 10 de marzo, que las obras en la zona “se pueden” culminar antes de octubre.
Retraso e impaciencia por desagüe de Santo Domingo
Impaciencia y desconcierto también vivieron los vecinos del barrio Santo Domingo, que entre enero y febrero reclamaron por la desprolijidad y la lentitud con la que se encaraban las obras de desagüe en la zona de San Juan XXIII y Soldado Desconocido.
Los vecinos incluso se organizaron y amenazaron con presentar una demanda contra la Municipalidad debido al atraso de la obra. Los comercios registraron pérdidas millonarias e, incluso, hubo despidos debido a la falta de circulación vehicular y peatonal, ya que la zona se encontraba cerrada.
Las obras retomaron su curso tras las advertencias y actualmente los vecinos reportan avances significativos.
“Mafia” del asfaltó operó bajo gestión de director de Luis Bello
El 24 de junio, el concejal Pablo Callizo (PPQ) expuso ante la Junta Municipal un video en el que se observa a supuestos trabajadores de la Dirección de Vialidad realizando trabajos de asfaltado en el estacionamiento de una cancha privada.
El 16 de julio, trabajadores de Vialidad se manifestaron para pedir el cambio del entonces director, Nicolás Duarte, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos. La Dirección fue sometida, a partir del día siguiente, a una intervención a cargo del funcionario Óscar Pérez.
El 17 de julio, el concejal Callizo y el abogado Maximiliano Seiferheld presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía por el esquema que el edil había expuesto en la Junta y adjuntaron otro caso de presunto asfaltado irregular en un predio de la firma Condor.
Un mes después, el 27 de agosto, la Fiscalía imputó a cuatro funcionarios municipales y a una ciudadana por el hecho punible de “apropiación”. Según informó el Ministerio Público, la investigación corroboró hechos denunciados por Callizo relacionados con el predio de Condor y estimó un daño de G. 100 millones. También informó que los funcionarios habrían trabajado a través de una empresa fantasma dirigida por Antonio Prieto, ex funcionario de Vialidad.
Por el caso fueron sumariados 21 funcionarios. Luis Bello presentó el informe final elaborado por Pérez ante la Fiscalía, pero el documento aún no fue dado a conocer públicamente.
Pérez informó, en entrevistas con Última Hora, que Vialidad presentaba numerosas carencias e irregularidades, entre ellas, cámaras de seguridad que no funcionaban y un precario sistema de control del combustible. De hecho, el concejal Callizo presentó otra denuncia por un presunto esquema de desvío de combustible, caso que actualmente investiga la Fiscalía.
Tanto Callizo como el abogado Seiferheld cuestionaron que ni la Fiscalía ni la Municipalidad investigaran al ex director de Vialidad Nicolás Duarte, atendiendo a que estaba al frente de la dependencia cuando ocurrieron las presuntas irregularidades. Duarte es concuñado de Nasser Esgaib (ANR-HC), concejal que busca la reelección en la lista encabezada por el candidato a intendente Camilo Pérez.
Contrato colectivo: Prometieron aumentar beneficios a días de las elecciones
El 18 de septiembre de 2026, el intendente Luis Bello firmó la actualización del contrato colectivo de los funcionarios de la Municipalidad de Asunción. En el acto participaron representantes de tres sindicatos municipales: Sitrama, Sinoema y Simuca.
La firma del documento fue cuestionada por concejales opositores, sindicalistas y ciudadanos, quienes señalaron que este contempla beneficios millonarios para los funcionarios a pocos días de las elecciones municipales y en plena crisis financiera.
La Coordinadora de Sindicatos Municipales, que agrupa a seis sindicatos de la Comuna, acudió a la Junta Municipal el 9 de septiembre y reclamó que los gremios no hubieran sido incluidos en las negociaciones.
El 18 de septiembre, a minutos de la firma del contrato, el ciudadano Bruno Martínez, candidato a concejal, fue agredido tras intentar ingresar al predio de Aseo Urbano. Martínez pidió acceder al documento del contrato, que, según él, fue modificado y manejado con secretismo y a espaldas de los funcionarios.
Concejales de la oposición, como Álvaro Grau (PPQ), Humberto Blasco (PLRA), Pablo Callizo (PPQ) y Fiorella Forestieri (PLRA), también manifestaron que el documento se negoció a espaldas de la Junta Municipal y no se socializó con todos los sindicatos municipales.
Entre el 23 y el 24 de setiembre, la Municipalidad de Asunción vivió un clima de tensión y protestas de funcionarios, que acudieron en jornadas consecutivas para presionar por el ingreso del contrato a la Junta. Ante la falta de cuórum, estos tomaron distintos sectores de la Municipalidad y marcharon alrededor del palacete municipal.
El viernes 25 de setiembre, los funcionarios recibieron como rockstars a los ediles colorados que finalmente juntaron los números necesarios para sesionar y dar ingreso al documento. César Escobar (ANR-HC) manifestó que hubo intenciones de aprobar el contrato sobre tablas, aunque no identificó a los sectores involucrados.
Finalmente, el 30 de setiembre pasado, tras las críticas recibidas por los millonarios montos comprometidos, la sesión volvió a quedar sin cuórum ante la ausencia de la mayoría de los concejales colorados. La Comisión de Legislación aún no ha remitido dictamen sobre el documento, pero se espera su tratamiento en una próxima sesión.
