El abogado Federico Campos López Moreira, de la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal (AAAJP), presentó una denuncia penal en junio del 2020, en la cual solicitaba la investigación por sospechas en la veracidad del título de Rivas, cuando ya había sido designado como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La fiscala Patricia Sánchez señaló a Monumental 1080 AM que lo que está en juego en la investigación sobre la autenticidad del título del senador Hernán Rivas es el tiempo entre la comisión del hecho y el tiempo transcurrido.
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“Hay elementos de sospecha de tráfico de influencias por lo menos y posiblemente producción mediata de documento público de contenido falso, pero me es imposible de corroborar, porque la documentación que nutre el certificado de estudio ya no existe. Por otro lado, son tipos penales que tienen expectativa de tres años, si los hechos ocurrieron en junio del 2020, entonces está un poco en juego también eso”, manifestó.
De igual forma, sostuvo que quiere terminar de dar trámite a la investigación, porque el hecho es típico antijurídico reprochable y lo que está pendiente es el análisis pendiente en su punibilidad por la vigencia de la sanción penal por el trascurso del tiempo.
La agente sostuvo que hay grados de sospechas respecto a Hernán Rivas, pero que no tiene los elementos para llegar a una condena.
“Tengo los elementos para expresar una sospecha de un hecho, pero el cómputo de la prescripción es de orden público, entonces de qué sirve formular una imputación si después no voy a poder lograr una sanción”, señaló.
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“Por qué te doy la fecha 9 de junio del 2020, porque el 8 de junio ingresó el pedido de la Universidad Sudamericana para la inscripción del título y ese trámite al día siguiente tiene dictamen favorable a las 12:00 y para las 12:06 ya está la resolución de registro y ese mismo día tenemos el acuse de recibo de la universidad que procede a retirar su título”, detalló.
En ese sentido, dijo que la sana crítica y la experiencia te dice que eso no funciona así sin haber influido alguna cuestión de poder que podría configurarse en tráfico de influencia. Para la fiscala, el documento es auténtico, pero el problema es la autenticidad.
“La definición de documento no auténtico es que no proviene de su autor y los títulos, certificados de estudios provienen de las personas que lo proveyeron, su contenido es lo que no podemos corroborar, porque la sudamericana se hizo de toda la documentación pasados los 5 años”, explicó.
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La agente fiscal prácticamente reconoció que el crimen quedará impune, porque la denuncia no tuvo una tramitación en el 2020, donde se hubiese tenido plazo para formular una imputación y “tres años después está complicado con el tiempo encima”.
Sobre la identidad de los fiscales a cargo de la investigación, dijo que no tiene conocimiento de quiénes fueron. “Esta cuestión fue puesta a conocimiento del órgano acusador en el 2020”, indicó.
“A mí me presenta una denuncia la doctora Casse Giménez tres años después, estando también ella enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. (…) La causa ya prescribió luego, a mí me entró la denuncia prescripta”
La agente fiscal no quiso adelantar la conclusión de la causa, ya que sigue “recabando información”, y reconoció que sigue buscando un norte en el caso.
El caso de Rivas tomó fuerza nuevamente este año, luego de que sus aliados colorados lo designaran nuevamente como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pese a las críticas sobre su idoneidad para ocupar el cargo y las dudas sobre su título.
