De acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional, en su artículo 191, todos los parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores gozan de inmunidad ante procesos penales y eventuales detenciones. No obstante, pueden ser desaforados por la misma cámara en la cual ocupan un cargo, ya que esto está establecido en el artículo 328 del Código Procesal Penal.
En ese sentido, solo en los últimos 10 años, más de 15 parlamentarios perdieron sus fueros tras ser salpicados por hechos de corrupción, inconducta, violación de la cuarentena, lavado de dinero e incluso vínculos con el crimen organizado, cuyos casos en su mayoría siguen estancados en la Justicia.
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Este mismo miércoles, la Cámara Baja aprobó por unanimidad el pedido de desafuero del diputado colorado Erico Galeano, quien está procesado por lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza.
Los fiscales sostienen que estuvo involucrado en la compraventa de un inmueble en Altos, por un valor de USD 1 millón, cuyo dinero presuntamente provino del crimen organizado. Además, también se lo investiga porque una aeronave de su propiedad habría sido utilizada para el traslado de drogas y de sospechosos.
Últimos desaforados
Uno de los últimos en perder sus fueros fue el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Edgar Ortiz, en abril de 2020, tras haber sido imputado por violación de la cuarentena sanitaria y resistencia, mediante el pedido de la jueza de Encarnación, Mirian López.
De acuerdo con los datos, el legislador atropelló una barrera policial que estaba realizando controles en el marco de la lucha para evitar la propagación del coronavirus en el país, pero argumentó que salió apurado de la fila de vehículos porque tenía un malestar estomacal.
Le sigue la parlamentaria Del Pilar Medina, quien por su parte fue procesada por violar la cuarentena. Fue desaforada el mismo día que Ortiz, ya que sus pares decidieron retirarle su inmunidad en la misma sesión.
Fue la propia legisladora quien pidió su desafuero al entonces titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, con el fin de someterse a la Justicia.
Según los antecedentes, hizo un viaje a Perú y regresó al Paraguay el 15 de marzo, pese a que en ese periodo estaban vigentes las estrictas medidas sanitarias.
También se puede mencionar al diputado colorado oficialista Miguel Cuevas, quien perdió sus fueros el 27 de agosto de 2019, tras varias sesiones que quedaron sin cuórum en Diputados por su caso, comunicado por el juez de Garantías, Miguel Tadeo Fernández.
Cuevas fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y otras causas. De acuerdo con lo que sostuvo el Ministerio Público, entre el 2009 y el 2019, tuvo ingresos por la suma de G. 5.734.307.036, mientras que sus egresos fueron de G. 7.439.622.171, pero la diferencia negativa que no pudo justificar.
En el mismo periodo constitucional también fue desaforado Tomás Rivas, cuyo pedido se aprobó el 22 de mayo de 2019, a fin de ser investigado por supuestamente pagar a tres empleados suyos con dinero del Estado. Se trata del caso conocido como caseros de oro, por el cual se lo imputó por estafa y otros delitos.
Rivas solicitó a sus pares que le retiren su fuero, pero sostuvo en todo momento que la imputación en su contra se realizó de forma irregular, negando haber cometido cualquiera de los delitos, por lo que criticó el proceder de la Fiscalía.
Otro de los parlamentarios es el colorado Javier Zacarías Irún, a quien en marzo de 2019 la Cámara de Senadores le retiró su inmunidad para que pueda ser sometido a la Justicia por presunta lesión de confianza en grado de instigador.
Fue la magistrada Teresita Cazal quien comunicó al Congreso, para que prosiga la investigación. Sería el segundo pedido de desafuero que afrontó el legislador, ya que en una primera oportunidad el Senado lo desaforó por un caso de declaración falsa.
Otros casos
Seguidamente está el colorado de Honor Colorado Ulises Quintana, quien fue desaforado el 12 de setiembre de 2018, al ser imputado tras detectarse un presunto vínculo con el supuesto líder narco Reinaldo Cucho Cabaña. Antes de que se apruebe su desafuero, el parlamentario alegó que siempre trabajó de forma honesta.
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En tanto, la Fiscalía lo imputó por tráfico en calidad de cómplice, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencia, sosteniendo que Quintana supuestamente tenía en su poder una camioneta que era propiedad de Cucho. El legislador estuvo recluido en la cárcel por 10 meses.
En la lista también está Enrique Salyn Buzarquis, quien perdió su inmunidad el 23 de agosto de 2018, para enfrentar un proceso por lesión de confianza, que data de cuando era titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La causa se abrió en el marco de la firma de un convenio con una empresa italiana por unos USD 600.000, pero que no contaba con la aprobación del Congreso Nacional. El hecho se consideró como un daño patrimonial al Estado y la Fiscalía lo imputó por ello.
Finalmente, en el mes de agosto de 2018 fue desaforado el diputado liberal Teófilo Espínola, investigado por supuesta lesión de confianza cometida durante su gestión como fiscal de obras para el Ministerio de la Defensa Pública.
Perdió su inmunidad solo dos semanas después de asumir el cargo, tras la solicitud del juez de Garantías Paublino Escobar, y el legislador calificó su imputación de “descabellada”.
En el caso, se investigó la supuesta sobrefacturación en la construcción de sedes de Defensa Pública. Según las investigaciones, el supuesto perjuicio patrimonial para el Estado fue de G. 5.033.923.979.
En estos últimos años, también se registraron casos en los que, si bien los parlamentarios no fueron desaforados, perdieron sus bancas por denuncias de corrupción y tráfico de influencias en la Justicia.
Tal es el caso de la ex senadora colorada Mirta Gusinky, quien presentó su renuncia tras recibir la vacuna contra el Covid-19, sin estar contemplada en la etapa de vacunación, valiéndose de sus influencias como legisladora.
El senador Dionisio Amarilla (PLRA), por su parte, fue expulsado de la Cámara Alta el 6 de junio de 2019 tras ser denunciado por hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y corrupción.
Además, entre estos casos, existen algunos que son considerados emblemáticos o catalogados como victorias ciudadanas, como del diputado colorado cartista Víctor Bogado, expulsado luego de que fue hallado culpable por el caso de la niñera de oro.
Periodo 2013-2018
El periodo legislativo que comprende al 2013-2018 también es recordado por una gran cantidad de desafueros solicitados por la Justicia para que tanto miembros de la Cámara de Diputados como del Senado pueda enfrentar procesos penales por distintos hechos.
En la Cámara Baja se dio la mayor cantidad de desafueros, seis en total, entre los cuales uno de los más sonados es el que involucra al colorado José María Ibáñez, desaforado en marzo del 2014, para afrontar una causa por estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
En ese mismo año también se le otorgó el desafuero al colorado Óscar Venancio Núñez, quien fue imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
El parlamentario fue investigado por el supuesto desvío de unos G. 1.000 millones destinados a familias de escasos recursos en concepto de ayuda social.
Además, está el colorado Carlos Núñez Salinas, quien fue procesado por contrabando de decodificadores y producción de documentos no auténticos, por una suma de USD 1.026.028, hecho que el legislador incluso reconoció.
Por su parte, la colorada Perla de Vázquez fue condenada por calumniar a la abuela de su colega y correligionario Freddy D’Ecclesiis, por lo que en dicho periodo constitucional también fue desaforada.
También se recuerda el caso del liberal Carlos Portillo, quien fue desaforado incluso en dos ocasiones, uno por difamación y calumnia, y el segundo, por tráfico de influencias.
El senador liberal Enzo Cardozo también perdió inmunidad y afrontó un proceso por presuntamente causar un perjuicio de más de G. 68.000 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería durante su gestión como ministro, en cuyo caso ya fue condenado recientemente. También fue imputado por un perjuicio de G. 3.700 millones a la misma entidad.
Así como en el último periodo constitucional del Congreso Nacional, entre 2013 y 2018 hubo casos en los que no fueron desaforados, pero quedaron sin sus bancas ante las denuncias por las cuales tuvieron que someterse a la Justicia.
En ese sentido, se mencionan los ex senadores Óscar González Daher (colorado y fallecido), a quien sus colegas le retiraron su investidura, y el oviedista Jorge Oviedo Matto, quien ante la inminente pérdida de investidura decidió renunciar, entre otros.
Las normativas
El artículo 191 de la Constitución Nacional habla de las inmunidades, especificando que ningún parlamentario puede ser acusado judicialmente por las opiniones que realice en el desempeño de sus funciones, así como aclara que no pueden ser detenidos, a menos que sean encontrados cometiendo un ilícito en flagrancia.
“En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad”, aclara el texto.
Asimismo, la normativa da cuenta de que el Ministerio Público sí puede imputar a los legisladores, pero que para proseguir con la causa, el juez debe solicitar a la Cámara correspondiente que se le retiren los fueros.
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“Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros”, añade.
Mientras tanto, el Código Procesal Penal, en su apartado 328, habla ya del desafuero, es decir, del proceso a seguir para proceder a retirar dicha inmunidad de los parlamentarios, basándose también en lo que está establecido en la Constitución Nacional.
