Los funcionarios públicos pertenecientes al Partido Colorado, agrupados en coordinadoras en distintas dependencias del Estado han expresado su enojo debido a las sanciones financieras impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos, tanto al ex presidente de la República Horacio Cartes y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana, ANR, y al vicepresidente de la República Hugo Velázquez, a través de sendos comunicados a la opinión pública.
Una de ellas fue la Coordinadora Colorada de Educadores de Capital, denominada Docentes con Honor, quienes rechazaron las afirmaciones hechas por el embajador norteamericano, Marc Ostfield, y lo calificaron de “artero, ruin y ridículo”. Los educadores cartistas dicen que el diplomático violó la Constitución Nacional y el artículo 41 de la Convención de Viena.
Los integrantes de la Coordinadora Colorada de Educadores de Capital advierten que “como soldados de la democracia” permanecerán “firmes para defender nuestra soberanía nacional, la libertad, la dignidad de las personas y los demás valores doctrinarios de la ANR”.
El mismo tono han utilizado los funcionarios públicos colorados que trabajan en el Instituto de Previsión Social, IPS, quienes nunca se han preocupado por la falta de insumos básicos para los asegurados, pero que sí expresan su incondicional apoyo a Cartes, y se comprometen en duplicar esfuerzos para que la lista 1 llegue a la victoria.
Desde la coordinadora colorada de la cámara de senadores dicen que las “acusaciones” dan a entender que la corrupción es propiedad exclusiva de los integrantes del “glorioso” Partido Colorado, y que en los otros sectores están “los paladines de la justicia y la honestidad”.
Sin embargo, el comunicado más aberrante y escandaloso provino de la coordinadora colorada de la CGR, Contraloría General de la República, en un manifiesto dirigido directamente al presidente de la ANR, Horacio Cartes, donde le manifiestan lealtad y afirman que están “abiertos a cualquier necesidad suya como de nuestro querido Partido republicano”. Dicen los funcionarios de la contraloría: “Estamos totalmente en contra de abusos, donde exista este tipo de atropello a nuestra patria”.
Precisamente, una institución como la Contraloría debería ser absolutamente intransigente con el mandato de independencia, imparcialidad y prescindencia política; y es inadmisible que funcionarios de esta oficina cuestionen y condenen el bloqueo económico al ex presidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez, quienes fueron inicialmente designados como “significativamente corruptos”.
Esta situación nos enfrenta a una triste realidad, la de los funcionarios públicos colorados que intentan seguir acomodados en sus cargos haciendo estas demostraciones públicas de adulación y servilismo. La perversión a la que se ha llegado con tantas décadas de este partido en el poder es tan profunda, que estos funcionarios ni siquiera son concientes de que ellos le deben respeto no al líder político que les ha facilitado acceder al empleo, sino al sacrificado pueblo paraguayo que sostiene los cientos de miles de empleos en las oficinas del Estado con sus impuestos.
Los funcionarios públicos deben mantenerse apartidarios. Ellos deben servir, eficientemente y con gran entusiasmo y compromiso, a toda la población del país, pues son los ciudadanos quienes les pagan sus salarios. Y además, como establece la Constitución Nacional, “En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo”. Los funcionarios deberían saber que la lealtad debe ser para el pueblo.
