Dócil e irresoluta ante el poder político
En julio del año pasado, por primera vez en la historia democrática un periodo parlamentario inició con once legisladores procesados por presuntos casos de corrupción.
Las causas penales de todos ellos se iniciaron en los últimos cinco años y hasta ahora solo uno llegó a una sentencia: José María Ibáñez, quien a pesar de haber admitido que pagó con dinero del Estado a tres empleados privados de su quinta en Areguá consiguió que un juez le otorgue el sobreseimiento con el pago de G. 30 millones, la donación de un generador para un leprocomio y otras donaciones por G. 5 millones. No obstante, por la presión ciudadana, Ibáñez se vio obligado a renunciar a su banca en la Cámara de Diputados.Días atrás, otro congresista siguió el mismo camino.
El diputado Carlos Núñez Salinas fue imputado en el 2013 por el presunto contrabando de una carga de decodificadores de televisión valorados en más de USD 1 millón. El caso había sido denunciado por la propia Dirección de Aduanas. Tras un fallo favorable de la Corte Suprema, el legislador consiguió su sobreseimiento definitivo.
En otros casos, las causas se extienden durante años. Por ejemplo, el caso del diputado Tomás Rivas, procesado por hechos similares a los de Ibáñez, está trabado por apelaciones e incidentes planteados por la defensa.
El encarcelamiento masivo llega a nuevos niveles
El sistema penitenciario está al borde de alcanzar los 16.000 presos, a pesar de que las cárceles tienen una capacidad de albergue de menos de 10.000 internos, según las cifras oficiales. Una investigación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Facultad de Arquitectura de la UNA determinó que utilizando estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en realidad la capacidad de albergue de las penitenciarías en funcionamiento es de apenas 4.325 reos.“La población penitenciaria en los últimos 18 años se cuadruplicó. En el 2000 había 3.200 personas encerradas.
A junio del 2018 teníamos 14.500. A partir de la Ley 4431/2011 (que restringe la concesión de medidas alternativas a la prisión en casos de crímenes) se duplica la cantidad de presos. En el 2011 había 7.500 y hoy tenemos más de 15.000”, explicó al respecto Dante Leguizamón, comisionado del Mecanismo de Prevención de la Tortura.“La Corte puede implementar sistemas de control para evitar el abuso de la prisión preventiva. Haciendo una interpretación de la Constitución y tratados, esa ley es inconstitucional y no está de acuerdo con los convenios internacionales de derechos humanos.
La Corte puede establecer herramientas para que los jueces implementen el control de convencionalidad para no usar esa ley”, agregó.De la cantidad total de presos, casi el 80% no tiene aún condena. Para tratar este tema se reunieron a principios de abril comisionados del MNP y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y representantes del Poder Ejecutivo. El Gobierno actual anunció la construcción de más penitenciarías. Sin embargo, diversos expertos ya advirtieron que en pocos años la construcción de más cárceles será insuficiente si es que se mantiene el ritmo de encarcelamiento de personas a nivel país.
Mora a la orden del día en propia Corte Suprema
Durante las audiencias públicas para el cargo de ministro de Corte realizadas este año para las vacancias dejadas por Sindulfo Blanco y Raúl Torres Kirmser, una de las promesas más repetidas por los candidatos fue la de la lucha contra la morosidad judicial.
La Justicia pronta y barata está lejos de ser una realidad en el Poder Judicial y es en la misma Corte Suprema que empieza el problema.En un caso del mes pasado, pasaron 24 años tras la crisis financiera de 1995 para que la Corte dicte un fallo, rechazando el recurso de casación que pretendía anular penas dictadas contra el ex presidente y un directivo de la financiera Alfa SA, procesados por defraudación. Al igual que su antecesor, una de las promesas del actual titular de la Corte, Eugenio Jiménez, al ser votado presidente del pleno fue reducir la morosidad existente.
Corrupción y falta de credibilidad ante la gente
El año pasado el Instituto de Ciencias Penales y Sociales (Inecip-Paraguay) y la Universidad Nacional de Pilar publicaron una encuesta nacional de victimización, en el marco de una investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Entre otras cosas, la encuesta señala que la Policía Nacional es considerada como la institución que más recibe coimas en todo el país y aun así es más confiable que el Poder Judicial o el Ministerio Público.
Entre las instituciones del área de seguridad, los jueces son los menos confiables.Asimismo, el mismo Foro Económico Mundial había señalado a Paraguay como uno de los “peores calificados en independencia judicial”, ocupando el puesto 131 de 138 países. Ya pasó más de un año y medio del escándalo de los audios filtrados de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados -que revelaron cómo se negociaron procesos y fallos judiciales.
El caso le costó el cargo al ahora ex senador Óscar González Daher, quien permanece procesado y preso.
Paquete de leyes de reforma duerme en el Congreso
Desde el año pasado está pendiente de estudio en el Congreso una serie de proyectos de ley que fueron elaborados por la Comisión Nacional de Reforma Judicial luego de tres años de trabajo.Uno de esos proyectos pretende modificar el funcionamiento de la Corte Suprema a fin de que los ministros ya no queden a cargo de tareas administrativas y se dediquen exclusivamente a sus funciones jurisdiccionales.
Esto también pretende desactivar posibles focos de corrupción en la máxima instancia judicial, que maneja un presupuesto anual de más de G. 1 billón, y crear un órgano de administración del Poder Judicial.
Otro de los proyectos es el que busca modificar la ley de funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y contempla que el Jurado ya no pueda enjuiciar y suspender de oficio, y establecer, además, plazos para evitar procesos extensos y clarificar las causales del mal desempeño de funciones. Los otros proyectos son un nuevo Código de Organización Judicial, ya que el actual data de 1981, una nueva ley del Consejo de la Magistratura y una ley para establecer la carrera judicial.
