Hace algunos meses, mientras realizaba trabajo de campo en la Academia Nacional de Policía, un interlocutor me hizo una advertencia, casi en voz baja: “Acá no entran cabritos, doctor; en el interior es otra cosa”. No hablaba de animales, sino de autos robados o sin documentación que circulan con permiso policial.
En varias ciudades de Paraguay, un cabrito es un vehículo robado en Brasil que circula con distintos grados de tolerancia institucional. No es una expresión exclusiva de la jerga policial. También la utilizan abogados, funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial y habitantes de las ciudades fronterizas. Etnográficamente, es una categoría nativa que nombra un objeto de dudoso origen, cuya existencia todos conocen.
Mi interlocutor fue aún más preciso. Me explicó que si un cabrito era incautado en la calle, difícilmente alguien preguntaría por su procedencia. Distinto sería si aparecía dentro de un predio policial. En ese caso, el problema ya no era el vehículo, sino el escándalo.
El reciente episodio ocurrido en la Comisaría 8ª de Santaní, donde un cabrito robado en Brasil fue ubicado en el predio de una comisaría, en poder de un policía exprés, que presta servicios en investigaciones, terminó por confirmar que aquella escena de campo no era una exageración ni una anécdota aislada. Era la descripción de una forma de administrar ciertas ilegalidades, donde lo extraordinario no es que existan los cabritos, sino que alguna vez aparezcan expuestos ante la opinión pública.
Según la denuncia, el automóvil robado en Brasil fue localizado mediante rastreo satelital dentro del predio de la propia comisaría. Mientras el representante de la empresa propietaria realizaba las gestiones para recuperarlo, el vehículo volvió a desaparecer, presuntamente conducido por personas vinculadas al área de Investigaciones. La noticia produjo indignación. A mí, sobre todo, me recordó una conversación ocurrida muchos meses antes.
Durante años de investigación sobre la Policía Nacional encontré cabritos en relatos, entrevistas y observaciones de campo. Los vi estacionados en comunidades rurales, escuché cómo se negociaban los permisos para circular y documenté que su utilización formaba parte de acuerdos informales que involucraban distintos niveles institucionales. En varios territorios fronterizos no constituyen una excepción, sino un mercado regulado mediante pagos, autorizaciones y reglas conocidas por quienes participan de él. Lo verdaderamente llamativo no es que existan, sino el grado de naturalidad con que son aceptados.
Esa naturalización trasciende a la Policía. Hay abogados que llegan a tribunales en cabritos. Funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial que conocen perfectamente el significado del término y conviven con esa realidad, si no lo usan. En algunas ciudades fronterizas, nadie necesita explicar qué es un cabrito porque forma parte del paisaje cotidiano. Cuando una ilegalidad deja de producir sorpresa y pasa a integrarse a la normalidad social e institucional, el problema ya no es exclusivamente penal, sino cultural e institucional.
Hay otro aspecto que el caso de Santaní vuelve imposible ignorar. Uno de los policías involucrados pertenece a la generación de los llamados policías exprés. En menos de dos años de formación ya prestaba servicios en Investigaciones, una de las dependencias que deberían exigir mayor preparación técnica, jurídica y ética. La investigación criminal requiere conocimientos especializados, capacidad analítica y rigurosidad en el manejo de evidencias. Sin embargo, la práctica parece enseñar otras prioridades. La especialización en teoría demanda años; para aprender las reglas informales basta con un buen kavaju y un buen cabrito.
Hace unas semanas escribía en este mismo espacio sobre el padrinazgo policial. Sostuve entonces que muchas trayectorias profesionales se construyen menos sobre el mérito que sobre las redes de protección. El caso de Santaní parece agregar otro elemento a esa lógica. La socialización profesional de algunos policías ocurre con una velocidad sorprendente. Aprenden rápidamente quién protege, quién recauda, quién autoriza y qué prácticas conviene naturalizar para pertenecer al grupo. La cultura institucional termina transmitiéndose con mayor eficacia que los manuales de procedimiento.
Cada nuevo escándalo suele presentarse como la conducta desviada de unos pocos agentes. Pero la etnografía enseña otra cosa. Cuando las mismas prácticas aparecen repetidamente en distintos departamentos, cuando las categorías que las nombran son conocidas por policías, fiscales, jueces, abogados y pobladores, y cuando un policía recién egresado ya reproduce esas lógicas, probablemente no estemos frente a hechos aislados. Estamos observando una forma de funcionamiento institucional que ha aprendido a convivir con determinadas ilegalidades.
Por eso, tal vez, el verdadero debate no sea únicamente cómo formar más policías, sino qué cultura institucional les estamos enseñando. Porque una institución no se transforma reduciendo el tiempo de formación ni multiplicando promociones aceleradas. Se transforma cuando logra que un joven policía aprenda primero que el uniforme representa la ley y que no bastan el kavaju y los cabritos para hacer carrera.
