Pedro Santacruz, ex senador (2018-2023) y abogado de la rearticulación de las Ligas Agrarias Cristianas, expresó a ÚH que presentaron una denuncia relacionada con el conocido Caso Caaguazú, ocurrido en 1980, donde murieron 10 personas y algunos de estos cuerpos siguen desaparecidos.
Al ser consultado sobre el motivo de esta presentación tras 46 años del acontecimiento, el ex senador se refirió a la inacción del Estado ante crímenes de lesa humanidad (los cuales no prescriben) y la investigación de todo lo ocurrido. “Hay que tener una memoria histórica de que no ocurran más estos hechos en nuestro país”, expresó.
Santacruz subrayó que estos crímenes no prescriben para la comunidad internacional. “Hay una persecución a una población civil, una cadena de mandos de gente del Estado comenzando por el general Stroessner, militares, policías, milicianos colorados”, comentó.
Un total de 30 integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas presentaron la denuncia representados por Santacruz y otros abogados.
Esta organización busca reivindicar la memoria y el castigo a los torturadores, así como la reparación a las víctimas de la dictadura, considerando que es necesario dar un nuevo paso para buscar el esclarecimiento por parte de la Justicia.
Caso Caaguazú
En 1972, unas 50 familias oriundas del Departamento de Misiones, distrito de Santa María, compañía San Gerónimo y otras de Santa Rosa del mismo departamento, fueron asentadas con un permiso de ocupación oficial firmado por el presidente del Instituto de Bienestar Rural (IBR), Juan Manuel Frutos, en el Departamento del Alto Paraná, distrito de Hernandarias, en el lugar denominado Acaraymí; al efecto habían sido trasladados en vehículos del IBR y del Obispado de Misiones.
En el año 1974, después de dos años de ser asentadas las familias en el lugar, un grupo de militares al mando del suboficial Santos López y cinco soldados se constituyeron en la comunidad para intimar a los campesinos a abandonar las tierras entregadas por el IBR porque “eran reclamadas por el general Milciades Ramos Giménez”.
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A partir de ese momento, el asentamiento fue hostigado constantemente por las fuerzas militares, la Delegación de Gobierno de Alto Paraná; el jefe policial de Alto Paraná, comisario Vera Navarro, y la esposa del citado general, Olga Mendoza de Ramos Giménez, quien acompañada de policías del Alto Paraná, amenazaba con desalojarlos del asentamiento.
Entre 1975 y 1980 se produjeron detenciones ilegales, destrucción de viviendas, cultivos y caminos. El amedrentamiento fue acentuándose con el correr de los años.
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El 7 de marzo de 1980 a raíz de esta situación, un grupo de 20 personas miembros de las Ligas Agrarias Cristianas abordaron un ómnibus para hablar con el titular del IBR y denunciarles esta situación. El ómnibus partió de la ciudad Presidente Stroessner (actual Ciudad del Este) con destino a la capital, pero fue interceptada en el Departamento de Caaguazú por un retén policial que intentó detener el vehículo. Al no detenerse comenzó una persecución con disparos de armas de fuego. A la altura de Campo 8, el bus se detuvo y sus 20 integrantes se refugiaron en el monte del lugar.
Fuerzas policiales y militares realizaron un rastrillaje en la zona, los ubicaron y capturaron dos días después a la totalidad de 20 personas. Desde entonces se produjeron detenciones, torturas, mutilaciones, violaciones y desapariciones forzadas de personas. El caso nunca fue esclarecido y ninguna persona fue condenada por estos crímenes.
