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Legitimidad democrática y urnas electrónicas

 

Luego de una larga lucha ciudadana con el apoyo de algunos políticos, la ley de desbloqueo de listas sábana, que contempla el uso obligatorio de urnas electrónicas que impriman papeletas de votación, fue aprobada en abril. En menos de un mes, el presidente Mario Abdo Benítez le dio su venia con un mensaje triunfal: “Hoy promulgamos la Ley de Desbloqueo de Listas. Es un gran paso para el fortalecimiento de nuestra democracia y una victoria de todos los paraguayos”. Lo hizo a pesar de algunas voces de su partido que le pidieron vetar.

Fue considerado un triunfo ciudadano. Finalmente, los electores tenían la herramienta para “castigar” a los candidatos escombros, delincuentes o peones de mafias que inundan las listas partidarias. Los partidos no tuvieron la capacidad ética para frenar la ley. Ni siquiera la alerta de eminentes politólogos de que el sistema no solo no cambiará, sino que empeorará la representación política con la consecuente destrucción del sistema de partidos convenció a la gente.

Junto al desbloqueo de listas, se sumó el uso de las urnas electrónicas, ya que sin ellas, según técnicos del TSJE, es inviable el desbloqueo. Fue otro tema de polémica, que se reavivó esta semana con la apertura de ofertas de las empresas que se presentaron a la licitación internacional de USD 21 millones de dólares para el arrendamiento de las máquinas de votación. Pugnan la británica Smartmatic y el consorcio Magic Software Argentina/Excelsis SA.

Y nuevamente surgieron las voces en contra. No solo de colorados oficialistas, también el Frente Guasu puso en duda el proceso denunciando a la Justicia Electoral de realizar entre cuatro paredes el proceso de definición sobre las especificaciones técnicas para el sistema de votación, “violentando el principio de mutuo control que está establecido por ley para garantizar la credibilidad en el proceso electoral”.

Hasta entonces, era un cuestionamiento político, pero el martes entra al escenario de manera abrupta la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y suspendió la licitación por denuncias y supuestas irregularidades: licitación dirigida, las bases del pliego, riesgo de “hackeada”, tecnología obsoleta, empresas sin experiencia.

Entonces estalló la guerra. El TSJE defendió el proceso y abogó por la urna electrónica. Desde la ANR hubo disparos con munición gruesa. Para estas lides, Juan C. Galaverna es el fusilero perfecto. Acusó que la licitación era un “fato” de los asesores del TSJE, Luis Alberto Mauro y Carlos María Ljubetic, un tiro por elevación que impacta en los tres ministros electorales.

El ministro Jaime Bestard devolvió el golpe afirmando que hay agrupaciones partidarias y políticos que no quieren el desbloqueo, en una llamativa arremetida contra su propio partido.

Patria Querida reclamó airadamente y sostuvo que es un boicot para mantener las listas sábana, que favorece a la vieja guardia de los partidos tradicionales. El PDP reclama al TSJE mayor transparencia y explicaciones sobre el tema.

En el oficialismo y en algunos sectores de la oposición sospechan de un negociado. “Sabemos en la casa de quién se reunieron y hasta cuánto le va a corresponder a cada uno, es mucha plata”, afirmó una fuente colorada.

La suspensión sorpresiva de la licitación volvió denso el escenario. Porque Pablo Seitz, director de Contrataciones, aunque tenga las atribuciones legales, carece del peso político para frenar un proceso de estas características. Lo hizo porque alguien muy superior le ordenó. Algunos directamente apuntaron al presidente de la República.

EMPANTANADO. Cuando se aprobó la ley, parecía que todo caminaba sobre rieles y que el desbloqueo de listas con urnas electrónicas tendría su estreno en las internas municipales de julio del 2020.

Sin embargo, resucitó la polémica sobre la eficacia, la transparencia y las garantías del voto electrónico, que por cierto se usa en muy pocas partes del mundo. Países mucho más adelantados en democracia y tecnología que Paraguay no usan esta herramienta, como Alemania (que declaró inconstitucional), España, Suecia, Finlandia o Austria, por citar algunos, porque temen la posible intromisión en el voto y se duda de la fiabilidad del recuento.

Sobre la empresa argentina que supuestamente lleva la ventaja en la disputa, hay serios cuestionamientos. Tiene experiencias en algunas provincias argentinas y dejó muchas dudas en la elección de jefe de Gobierno de Buenos Aires, cuando el macrista Horacio Larreta se impuso a Martín Lousteau. Hubo acusaciones de hackeo y dejó flancos abiertos.

EL DEBATE. Lo cierto es que ante la decadencia partidaria, el desbloqueo de listas no tiene marcha atrás. Lo que queda para salvar el proceso es un mínimo de madurez política. Ante la pérdida de confianza ciudadana en los partidos, y siendo el desbloqueo una esperanza ciudadana que ve en la fórmula una vía para involucrarse directamente en la elección de sus autoridades, los políticos deben encontrar puntos de acuerdo para salir de esta trampa.

El desbloqueo de listas y el uso de las urnas electrónicas es ley, y por tanto debe ser cumplida. El Congreso y el Poder Ejecutivo deben sentarse a consensuar una salida. Si estas empresas no son fiables, pues que se busque las que garanticen el derecho al secreto del voto, la transparencia del escrutinio y control efectivo para reducir los cuestionamientos posteriores.

Con las denuncias de sospecha que ya se han instalado, de nada servirá forzar su aplicación, porque si no hay confianza en el sistema, no habrá legitimación del electo y se debilitará aún más la democracia.


“El protagonismo de la sociedad civil busca generar cambios importantes para el logro de políticas públicas más justas con asignaciones presupuestarias adecuadas en los campos de la salud, emergencias sanitarias, educación, seguridad alimentaria, el acceso a la tierra y a la vivienda, la promoción eficaz de la economía, la creación de empleos y la promulgación de leyes que favorecen las organizaciones solidarias. En el discurso, el Gobierno dice que apoyan, por citar, la educación, pero después en el Presupuesto eso no se ve. Ahí se ven las prioridades y se ve claramente que la prioridad del Gobierno es el bolsillo de los ricos”.
(Posición de la Conferencia Episcopal Paraguaya)

Lo que hay que saber
FUERA DEL FEUDO. Finalmente, el Tribunal de Apelación revocó una resolución judicial por la que el diputado Miguel Cuevas trasladó su caso a Paraguarí. Será juzgado en Asunción.
NO A JERUSALÉN. Ante la presión fuerte cartista de retornar nuevamente la Embajada paraguaya a Jerusalén, el titular del Ejecutivo ratificó que permanecerá en Tel Aviv.
LA BATALLA REAL. Mario Abdo Benítez se trasladó a la Junta de Gobierno, manejada por Honor Colorado, para solicitar mesura a la hora de analizar y aprobar el Presupuesto de la Nación.
ITAIPÚ. El PLRA es el primer partido político que sienta una postura institucional de cara a la renegociación del Tratado con la presentación de un libro, donde plasma sus ideas.

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