Ni la Junta de Gobierno, ni el Tribunal de Conducta, ni los afiliados se animan a tomar alguna medida con respecto a los legisladores colorados expulsados del Congreso.
Víctor Bogado se suma a la lista desprestigiada que ya integran Óscar González Daher y José María Ibáñez. Éste último se vio obligado a renunciar. Siguen afiliados y pueden volver a candidatarse ya que la ANR no los sanciona.
Para Eduardo Venialgo, miembro del Tribunal de Conducta (TC) “falta voluntad para sanear el partido” y espera que la dirigencia se “encamine” hacia el saneamiento si no “la suerte política de la ANR va a ser adversa”.
“El partido puede caer en decadencia por no tomar las medidas que corresponden”, advirtió Venialgo.
Dijo que en estos casos, no puede actuar sólo el Tribunal de Conducta, ya que no puede suplir la ausencia de la conducción principal. “La Junta está a la deriva, no conduce” cuestionó.
Recordó que el estatuto establece que pueden ser expulsados solamente aquellos que tengan una condena mayor a dos años y la que recibió Bogado es de un año. “No hay una sentencia que formalmente obligue al TEP a tratar el caso porque no alcanza la condena”, dijo aunque según su criterio, independientemente de eso, “el tribunal podría ser mas estricto en cuanto a conductas que afecten la imagen del Partido Colorado”
Declaro que hay una disposición estatutaria que es muy importante y que tal vez no se está aplicando a su alcance para el cual fue creado.
“Lo que prima también es un criterio político que se suele aplicar, en este y en otros casos donde la actuación pública de un correligionario perjudica mucho la imagen del partido”, comentó.
Señaló que hay varios aspectos que deben estudiarse y recordó el caso de González Daher a quien se refirió como “espantoso”.
“Es una vergüenza para el partido y sin duda hay que tratar y sancionar” indicó.
Precisó que es el momento en que la mayoría en la Junta de Gobierno, debe tratar con seriedad el asunto y “no esperar accionar a último momento, no esperar a la presión ciudadana”.
Formalismo. Para el presidente del Tribunal de Conducta, Gustavo Cazal, no hay nada que se pueda hacer desde ese organismo, ya que Víctor Bogado y González Daher son miembros de la Junta de Gobierno, por lo tanto, es la convención la que tiene la potestad de expulsarlos.
Además, dijo que el estatuto menciona que la pena debe ser de dos años. “El estatuto es taxativo no es declarativo ni enunciativo. No nos da la facultad de analizar”, enfatizó.
En el caso de Ibáñez, no se presentó una denuncia en su contra.
