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La vieja epidemia

 

Estela Ruíz Díaz Por Estela Ruíz Díaz

Pasada la crisis caliente de la pandemia del coronavirus, el país volvió a sus viejos e insolubles problemas endémicos que van re-emergiendo a medida que la polvareda de la mayor crisis sanitaria mundial baja el denso humo gracias a la vacuna.

Más de año y medio el foco de atención estuvo concentrado en el Covid; primero, con las denuncias de corrupción con los insumos chinos, el colapso de los hospitales y la falta de medicamentos, la caída del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, las cifras récord de fallecidos (elevando a más de 16.000 fallecidos hasta hoy), luego el fracaso de la negociación de las vacunas. Si bien hay una alerta por la tercera ola, la lenta campaña de vacunación ha dado resultados y hoy las cifras de muertos y contagios han bajado ostensiblemente, lo cual descomprimió la tensión política.

La vieja normalidad ha vuelto con todo esta semana. Empezando por la vieja política que muestra el partido oficialista con su ritual de abrazo republicano en el que caben todos: ciudadanos comunes sin cuentas con la Justicia, corruptos, narcos, procesados, ladrones de guantes blancos, reos y rebaños que se fotografían sin el mínimo rubor “porque el partido está por encima de todo”.

Un tema que golpeó con fuerza al Gobierno estos días fue la exasperante inseguridad ciudadana que generó una sorpresiva purga en la Policía. Hay nuevo subcomandante y nuevos directores en distintas áreas policiales. El ministro del Interior sigue teniendo la confianza del presidente de la República. Arnaldo Giuzzio dejó entrever una especie de conspiración por el alarmante crecimiento de los robos callejeros y violentos ataques a la ciudadanía. “Al parecer se liberó la canilla”, dijo. Un dato a considerar para un análisis más profundo son las cifras que hablan de la detención de 1.700 personas, de las cuales 1.400 nuevamente están en la calle.

El tema de la inseguridad es probablemente uno de los temas más complejos en cuanto a la transversalidad de su enfoque. La ciudadanía, con justa razón, exige cárcel para los delincuentes, pero al enviarlos a prisión terminan siendo reclutados por los clanes mafiosos como soldados para la organización criminal. No hay políticas públicas para la reinserción social de los reos y tampoco la sociedad asume compromisos a la hora de otorgar segundas oportunidades a los que cumplen su condena. Como señala un juez: la política criminal debe ir acompañada de políticas sociales y sanitarias. En tanto no exista un acuerdo interinstitucional para buscar soluciones de fondo, se seguirán cambiando ministros del Interior y barriendo comisarios. La solución momentánea es una ficción que la realidad terminará desnudando en un brevísimo plazo.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Que la Aduanas sea un coto político no es ninguna novedad. Cuadricular el Estado para dárselo a los líderes políticos es una de las fórmulas más exitosas para garantizar la gobernabilidad. Es un secreto a voces. Gracias a las riñas por el maletín, la gente se entera de cómo es el modus operandi y quiénes son sus protagonistas.

El director de Aduanas, Julio Fernández, dio la nota el jueves al denunciar ante la Fiscalía al senador colorado Martín Arévalo por tráfico de influencias. Lo acusó de realizar permanentes pedidos e intermediación para nombramientos de funcionarios, intentos de intervención en sumarios. Solicitó específicamente que el funcionario Miguel Ángel Medina pase como administrador de la Aduana de Puerto Algesa, de Ciudad del Este, según el chat comprometedor que publicó Fernández.

La arista más escandalosa del caso está vinculado a una carga declarada de contrabando en la que el senador operó en calidad de gestor/mediador a favor del dueño, un tal Ahmad Khalil Chams. Lo que hizo Fernández fue revelador porque no solo acusó en términos generales, sino llevó el caso a la Fiscalía.

Arévalo retruca y sostiene que la motivación de Fernández es su denuncia formal contra Aduanas, por un robo de mercaderías por un valor de USD 3 millones. De paso reveló que ambos se reunían en una de las oficinas del Senado para “orar”.

En esta puja, Fernández pegó primero, pero hay demasiados puntos oscuros por descifrar.

Arévalo, un eterno concejal de prácticas clientelares y prebendarias, finalmente podría caer a raíz de esta movida de piezas que sin duda tuvo la venia palaciega. El caso queda en la cancha del Senado, que últimamente ha puesto freno a las expulsiones de sus pares y por el momento se llamó a silencio.

LA TIERRA, UN CONFLICTO. En Senado se debate, pero aún no se trató en sesión, un proyecto de ley que pretende categorizar como crimen las ocupaciones de tierras elevando las penas de cárcel a 6 años que pueden llegar a 10 si hay daño patrimonial. La propuesta provino de Fidel Zavala y su bloque de Patria Querida, además de Enrique Riera y otros. El proyecto no sería tan polémico si planteaba también en el mismo paquete soluciones a otro gran problema: la tenencia de la tierra en el contexto de la apropiación de millones de hectáreas por parte de jerarcas políticos y económicos durante la dictadura generando una de las mayores desigualdades en el mundo: el 85% de las tierras rurales pertenecen al 2,5% de los productores. Es un problema de dos caras, pero este bloque solo ve una parte de la problemática que no se solucionará metiendo a la cárcel a los campesinos. Eso solo elevará la conflictividad social.

JUSTICIA POLITIZADA. Para cerrar la semana y como muestra de la pérdida de confianza en los concursos para la Corte Suprema de Justicia a raíz del cuoteo político, cada vez menos juristas deciden prestarse a la farsa del Consejo de la Magistratura. Rubén Darío Romero y el juez José Agustín Delmás decidieron, por ahora, desafiar la ley de la gravedad política, ya que esta vacancia corresponde al PLRA. Los liberales Lorena Segovia (llanista) y el senador Víctor Ríos disputan el cargo y ganará aquel cuyo líder demuestre mayor capacidad de negociación.

Fue una semana emblemática que puso de relieve algunas aristas de esa vieja pandemia que frena la enorme potencialidad de un país que grita por nuevos modelos de gestión, por nuevas formas de relacionamiento, por eliminar la escandalosa desigualdad, por una mayor independencia institucional más allá de los vaivenes de la política.

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