En el Día Mundial contra la Trata de Personas se hizo público el caso de una adolescente que fue captada para un supuesto trabajo, pero resultó ser un engaño y fue víctima de una red de trata de personas. La adolescente pudo ser rescatada, aunque no se debe pasar por alto el hecho de que otras víctimas del mismo agresor habían denunciado a la Policía y no fueron escuchadas.
El Día Mundial contra la Trata de Personas este año 2026 tuvo el lema: Atrapados detrás de la estafa. La consigna pretendía ser una alerta sobre una forma de trata de personas que está creciendo rápidamente, en la que los grupos de delincuencia organizada transnacional explotan a personas para llevar a cabo fraudes a escala industrial. Según Naciones Unidas, las víctimas se ven obligadas a participar en operaciones de estafa en línea, una forma de explotación vinculada a la ciberdelincuencia, el fraude financiero, el blanqueo de capitales y la corrupción.
La trata de personas es un grave problema a nivel mundial y es un delito que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los traficantes engañan a mujeres, hombres y niños y los someten a situaciones de explotación. La forma más conocida es la explotación sexual; sin embargo, cada año miles de víctimas también son objeto de trata para trabajo forzoso, servidumbre, mendicidad infantil o extracción de órganos.
Esta no es una realidad lejana a nuestro país. Este año, de los casos investigados por la Policía Nacional,9 28 fueron de trata. Y resulta casi imposible no referir al reciente y mediático caso ocurrido.
Una adolescente de 17 años vivió tres días de verdadero terror cuando fue raptada de la Expo Paraguay en la ciudad de Mariano Roque Alonso, y fue rescatada tres días después. El presunto captor fue detenido e identificado como Ariel Fernando Morán, de nacionalidad argentina. El detenido habría llevado a la víctima hasta su camioneta y luego a su casa ubicada en San Bernardino, donde la mantuvo todo el fin de semana.
Finalmente, en un golpe de suerte la joven pudo recuperar su teléfono y comunicarse con una de sus amigas; luego el Departamento Antitrata de la Policía halló a la joven en la camioneta de su captor en la Costanera.
Posteriormente, una comitiva policial y fiscal allanó la lujosa vivienda ubicada en San Bernardino, alquilada por el argentino Ariel Morán, quien fue imputado por supuestos hechos de trata de persona.
En la casa fueron halladas ropas femeninas –aparentemente para menores–, computadora portátil, cámaras filmadoras y DVR del circuito cerrado; también hallaron un dormitorio equipado para realizar filmaciones en torno a una cama y vestigios de manchas de sangre.
Tras hacerse público el arresto del ciudadano argentino Ariel Morán han surgido una serie de denuncias de otras cuatro víctimas, quienes han sufrido hechos de violencia psicológica y física; se trata de casos de agresiones sexuales, el uso de sustancias para adormecer a las mujeres y vulnerarlas, e incluso la filmación sin consentimientos de relaciones íntimas. Asimismo, se informa que fue desbaratado un supuesto esquema de pornografía infantil.
Las denuncias de las víctimas parecen verdaderos relatos de terror. Una de ellas narró los momentos de terror que vivió. Ella fue contratada para hacer trabajos domésticos y terminó siendo sometida a agresiones y explotación: “El señor es el diablo en persona. No soy la única víctima, hay más personas, menores de 10 años inclusive”, afirmó.
Otra víctima dijo que Morán la contrató antes de una Navidad y fue hasta la vivienda en San Bernardino, ahí el hombre le invitó una gaseosa y pocos minutos después se sintió mal. “En un momento me empiezo a marear y lo único que recuerdo es a la mañana siguiente cuando yo me despierto en la habitación de servicio desnuda y no entendí qué pasó”, recordó.
Un hecho llamativo que también debe ser investigado para que no vuelva a repetirse tiene que ver con que las cuatro víctimas de Ariel Morán coincidieron en sus relatos en que presentaron sus denuncias ante la Policía Nacional, pero los uniformados no les tomaron en cuenta.
Las instituciones del Estado deben estar alertas ante las denuncias, y no permitir que con engaños, compatriotas caigan en las redes de los traficantes. Sobre todo, el Estado debe crear mejores condiciones de vida para toda la población y así evitar que nadie sea engañado con promesas de una vida mejor.
