Por Andrés Colmán Gutiérrez
¿Cuánto hay que esperar para recuperar un sueño? ¿Alcanza una vida para cruzar el largo desierto y llegar a la Tierra Prometida?
Para los ex pobladores de la utópica colonia San Isidro de Jejuí, en San Pedro, no fue suficiente esperar que caiga la dictadura stronista para recuperar la tierra que les habían arrebatado a sangre y fuego. Además han debido peregrinar por todos estos largos años de pretendida transición democrática para que, finalmente, este próximo martes 24 de setiembre, 38 años después, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) les entregue en forma oficial el título de propiedad de unas 182 hectáreas.
La historia de San Isidro de Jejuí es una de las más heroicas y a la vez trágicas, en la resistencia contra la dictadura. Bajo la experiencia de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), en mayo de 1969, unos 150 campesinos lograron adquirir unas 230 hectáreas, en las inmediaciones de la actual General Resquín.
Buscaban “vivir como hermanos”, una experiencia de comunidad cristiana solidaria, inspirada en valores del evangelio. Pero la dictadura ya había empezado la cacería contra las Ligas Agrarias. El diario Patria, vocero del Partido Colorado, acusaba que San Isidro era un koljós soviético comunista en medio de la selva.
En la madrugada del 8 de febrero de 1975, los pobladores fueron despertados por disparos y órdenes militares. Un pelotón al mando del teniente coronel José Félix Grau asaltó la colonia y apresó a todos sus pobladores. El pa’i Braulio Maciel, párroco local, fue baleado en la pierna.
Los ranchos fueron destruidos, las chacras arrasadas. Las tierras, por las que ya habían pagado hasta el último guaraní, fueron confiscadas. La Isla de la Utopía se convirtió en estancia. San Isidro fue borrada a sangre y fuego. Pero sus pobladores —presos, torturados, perseguidos y dispersos, con la absoluta prohibición de regresar al lugar— mantuvieron vivo el sueño.
Con la caída de la dictadura empezaron la lucha por recuperar sus derechos. Dos veces fueron desalojados con violencia por la Policía, acusados de invasores de sus propias tierras. En 1994, el entonces presidente del IBR, Hugo Halley Merlo, había vendido las tierras a los esposos Rivarola Velilla. El Gobierno no les hizo caso. El Parlamento rechazó los pedidos de expropiación. Pero en 2005, el juez Silvino Delvalle dictaminó que las 182 hectáreas les sean devueltas a sus viejos y legítimos dueños.
Desde entonces han estado librando batalla contra la burocracia del Estado. Este martes, el título de propiedad les será entregado, aunque aún pesa en contra la demanda por 215 mil dólares que los esposos Rivarola Velilla les entablaron a los antiguos moradores.
Será como recuperar un sueño hipotecado, pero sueño al fin. Un ajuste de cuentas con la historia.
