En un fallo dividido, los miembros del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal declararon inocentes al exmandatario y a sus exfuncionarios al considerar “sin valor” las pruebas y testimonios de cargo presentados por la parte acusadora.
En un tono conciliador, Portillo exculpó a la Cicig por haber participado como querellante en el proceso penal en su contra, al considerar que “fracasó” debido a que “fue víctima de un mal trabajo” de la Fiscalía guatemalteca”.
Según el exmandatario, durante su Gobierno (2000-2004) no hubo ninguna estructura criminal ni se cometió el delito de peculado (robo de fondos públicos por parte de autoridades) que quiso demostrar la Cicig.
“La Cicig no debió meterse en este caso. Se metió para justificar su trabajo político y (el jurista español Carlos) Castresana (ex jefe de la Cicig) se metió para ser famoso y protagonista”, dijo un sonriente Portillo, reflejando en su semblante un jubiloso triunfo sobre quienes lo acusaron de delitos de corrupción.
En junio del año pasado, antes de renunciar a la dirección de la Cicig, Castresana dijo a Efe que la persecución penal de esa institución en contra de Portillo se debía a que el exgobernante “formaba parte de una estructura criminal” bajo la cual se benefició para desbancar al Estado guatemalteco.
Según la resolución del tribunal, Portillo y sus exministros de Defensa, Eduardo Arévalo, y Finanzas, Manuel Maza, recobrarán su libertad en las próximas horas, pero permanecerán ligados al proceso hasta que el fallo sea declarado firme.
La fiscal general, Claudia Paz y Paz, dijo a los periodistas que “de inmediato” ordenará apelar la resolución del tribunal, ya que a su criterio los jueces interpretaron equivocadamente las pruebas presentadas.
Eufórico, después de escuchar el fallo, Portillo dijo a los periodistas sentirse “feliz y satisfecho” por la resolución dictada por el tribunal que, dijo, “actuó conforme a derecho”.
El expresidente aseguró que junto a su defensa está “listo para seguir en la lucha” por demostrar su inocencia absoluta de los cargos que le imputaron, y señaló que el fallo “afecta” a la petición de extradición hecha por la Justicia de los Estados Unidos, que lo acusa de delitos de lavado de dinero.
Portillo es el primer exmandatario de Guatemala que es sentado en el banquillo de los acusados por los millonarios actos de corrupción ocurridos durante su mandato.
El fallo del tribunal fue leído por la jueza Patricia Deras ante decenas de personas, entre ellas el fiscal costarricense Francisco Dall’Anesse, jefe de la Cicig, y la Fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, para quienes la resolución constituyó un fuerte revés.
El tribunal no dio valor probatorio a los informes de auditoría de la Contraloría General de Cuentas presentados por la Fiscalía, ni al testimonio del expresidente del Crédito Hipotecario Nacional, José Llort, quien testificó ante el tribunal que en esa institución bancaria se realizó la “transacción” del dinero de que se acusaba haber malversado a Portillo y sus exfuncionarios.
Aunque el fallo del tribunal ordenó la libertad inmediata de Portillo y sus exministros, el exgobernante deberá presentarse todas las semanas ante la sede del juzgado para firmar un libro para que conste que no ha abandonado el país.
Sus abogados deberán enfilar, ahora, sus estrategias hacia la decisión asumida ya hace meses por la justicia guatemalteca de autorizar la extradición de Portillo a los Estados Unidos, en donde es reclamado por la fiscalía de Nueva York acusado de delitos de lavado de dinero.
