Con frecuencia se repite la expresión “justicia pronta y barata” para referir al hecho, poco frecuente en nuestro país, en el que la Justicia es servida por los funcionarios designados para ello, dentro de los plazos y según las leyes; todo esto con rapidez y eficiencia, sin obstáculo alguno. Y es precisamente este tipo de procedimiento el que no están recibiendo las miles de víctimas de la denominada mafia de pagarés. De momento, el sistema está en deuda con estas personas y le está otorgando impunidad a los principales responsables.
Definida como una estructura grande, que opera con total impunidad desde hace muchos años, y que pese a las denuncias, el sistema no ofrece respuestas, la mafia de los pagarés se ha instalado como un tema importante, aunque se debe afirmar que la respuesta del mismo sistema ha sido bastante lenta.
La práctica era conocida, pero recién en noviembre publicaciones en redes sociales fueron la punta de lanza que logró destapar este sistema de estafas. Las denuncias llegaron entonces con el efecto de un verdadero tsunami después de que se publicaran fotografías de ujieres notificadores de Juzgados de Paz disfrutando de lujosos viajes alrededor del mundo, los que iban en contradicción con sus discretos ingresos.
La reacción inicial de la Justicia fue muy tibia, pero cuando crecieron las denuncias y la sociedad comenzó a conocer las terribles historias de las miles de víctimas, las diversas instancias de los tres poderes del Estado tuvieron que reaccionar.
En diciembre de 2024, finalmente la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la intervención y auditoría a tres de los nueve Juzgados de Paz de la capital involucrados en el esquema corrupto, aunque según las víctimas las medidas adoptadas no eran suficientes, pues de acuerdo a su experiencia, todos los Juzgados de Paz de Asunción, Central y Bajo Chaco estaban involucrados en el esquema extorsivo.
En abril de 2025, el Parlamento creó una Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para indagar la red delictiva, y en pocas semanas recibieron miles de denuncias.
El esquema mafioso iniciaba cuando diversos estudios jurídicos compraban pagarés cancelados que no habían sido retirados por los clientes y posteriormente esos documentos cancelados y finiquitados eran denunciados en Juzgados de Paz para la ejecución del cobro de la supuesta deuda.
Los ujieres eran una parte importante en el esquema, ya que perpetraban la estafa simulando una notificación, una notificación que nunca llegaba al demandado, porque era fraguada. Ahí el demandado quedaba indefenso pues se iniciaba un juicio sin su conocimiento siquiera. La organización delictiva estaba integrada también por jueces, ex jueces, actuarios y abogados.
Mientras la Justicia está lejos de ser pronta y barata, el Ministerio Público presentó acusación solamente en contra de los abogados de las veinte empresas de cobranza que estarían vinculadas al esquema de la mafia de los pagarés; pero según el abogado Jorge Rolón Luna –quien había sacado a luz el esquema de estafas–, las empresas de cobranza, “sobre todo, las casas de créditos, los estudios jurídicos, los abogados, sabían perfectamente lo que estaban haciendo y la magnitud y el alcance del esquema de estafa masiva”. Por lo tanto, no es posible que los directivos, dueños y accionistas no supieran que su empresa era tenedora de títulos de crédito o pagarés por G. 100 millones y que terminaban cobrando por esos G. 5 mil millones.
Un grupo de víctimas de la mafia de los pagarés entregó una nota a los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hacer visibles los obstáculos que encuentran para acceder a la justicia, la violación de varios derechos, y repudiar la inacción de los ministros de la Corte.
Este esquema de estafa devela que hay personas que se aprovecharon de su posición de poder, que torcieron el derecho para su beneficio personal y por ello deben ser castigadas.
Hasta tanto, el sistema de justicia está en deuda con las miles de víctimas de esta estafa, de descuentos compulsivos que los dejan viviendo en la miseria, para que los estafadores sigan ganando miles de millones de guaraníes.
