La designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura ensombrece todavía más los cien primeros días del Gobierno de Santiago Peña. Opositores y algunos colorados incluso sostienen que se trata de una nueva violación de la Constitución Nacional, decisión que para los colorados oficialistas adscritos al movimiento Honor Colorado ha sido una decisión legal.
Una democracia no solamente debe permitir la diversidad de opiniones, sino que la precisa, porque la civilizada y respetuosa convivencia entre quienes piensan diferente habla de la salud de una democracia. Por eso, el escándalo alrededor del nombramiento de Pucheta es un verdadero ataque al sistema democrático.
El debate y la controversia son necesarios también, pero lamentablemente debemos admitir que nuestra clase política no está a la altura de los desafíos que enfrentamos. Esto lo hemos comprobado en la sesión de la Cámara de Senadores cuando, entre griteríos y agresiones, Alicia Pucheta juró como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. En este particular caso no se trata de la calidad de los argumentos, ni de imponer mayorías obedientes; se trata de hacer respetar lo que establece la Constitución Nacional. Si los paraguayos no respetamos ese gran acuerdo que significa nuestra Carta Magna, lo que resta es solo la barbarie y la prepotencia de un grupo que tiene secuestrado al Estado con su mayoría de votos.
El cartismo sostiene que la anterior presidencia hizo lo mismo, cuando reemplazó a los anteriores representantes del Ejecutivo ante el CM. El destituido Enrique Kronawetter afirma que su mandato debe continuar hasta 2026, ya que luego de reemplazar al anterior Consejo fue nombrado nuevamente para ocupar el cargo y presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto firmado por Peña.
Lo que oscurece la todavía corta gestión de Santiago Peña es la obsesión con un nombramiento que claramente roza con lo inconstitucional, en una instancia tan fundamental para la Justicia. Con este nombramiento se cierra el círculo y se hace efectivo el copamiento no solo de un partido político, sino de un movimiento en particular: el cartismo. El Gobierno de Santiago Peña se inició con la ventaja de su mayoría en el Congreso Nacional, pero desde entonces el movimiento Honor Colorado fue ampliando cada vez más su poder el cual se consolida con el copamiento de los órganos de Justicia.
En una democracia la Justicia no puede ser un botín a conquistar.
Este es un momento clave debido a vacancias de jueces y fiscales, y desde el Consejo de la Magistratura el cartismo tiene ahora la posibilidad de decidir quiénes pueden ocupar los cargos de jueces y quiénes no.
Por esto es oportuno recordar un informe de setiembre de 2023 elaborado por la Coordinadora de Abogados del Paraguay y un grupo de la sociedad civil denominado Somos Anticorrupción Py, que afirmaba que, de los casi 80 expedientes sobre corrupción pública, que causaron un enorme perjuicio a las arcas del Estado, solo un pequeño porcentaje logró pasar el filtro de la burocracia judicial y lograr una condena. Entre los casos de corrupción pública figuran ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios, quienes juntos han dejado un desfalco de más de USD 1.200 millones. Muchos de estos casos no cuentan con una sentencia definitiva, y algunos podrían prescribir por la lentitud de la Justicia y por las innumerables chicanas.
La única garantía para derrotar la corrupción en el Paraguay es una Justicia independiente e imparcial; sin ella no tenemos democracia y lo más grave es que nos dirigimos hacia un Estado fallido.
