Por Luigi Picollo, socio del Club de Ejecutivos.
El concepto de “frontera del territorio nacional” es algo serio y se hace cumplir en los países donde la autoridad hace respetar su soberanía. En Paraguay, la frontera es permeable y a su autoridad no se la respeta. Dado que el crimen organizado opera como una organización multinacional, tiende a migrar al ambiente con menos control, más laxo. En Argentina y Brasil, las acciones contra estos grupos criminales se están endureciendo, por lo que obviamente se puede deducir una migración a un ambiente más endeble como Paraguay.
Analicemos Argentina. Por décadas fue un desastre donde pasaba todo tipo de mercaderías y drogas. Desde que asumió el nuevo Gobierno, la aplicación de la autoridad tiende a ser efectiva. La actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich, fue candidata a presidente y obtuvo 6,2 millones de votos en la primera vuelta, mientras que el presidente fue finalmente electo con 14,5 millones de votos en la segunda vuelta. Esa contundencia en los votos personales le da una fuerza popular legítima y vuelo político propio. Su firmeza y contundencia están siendo un blindaje ineludible contra la delincuencia política argentina y una ofensiva brutal contra el crimen organizado. El 8 de febrero, anunció el cambio de protocolo de uso de armas para las fuerzas federales permitiendo el empleo de “todo tipo de armas de fuego”, ya que, en sus palabras, “dejaba especialmente a la Prefectura Naval Argentina en una situación desventajosa en el patrullaje de ríos de frontera en relación con la criminalidad organizada”. Dio ejemplos de los operativos del contrabando en el río Paraguay, donde los contrabandistas le disparaban libremente a las embarcaciones de la Gendarmería argentina. La semana pasada, se hizo una operación emblemática contra la trata de personas. La fuerza pública ha contenido y desincentivado los piquetes agresivos que eran habituales en la Argentina. En los pocos rubros que el nuevo Gobierno argentino va a gastar dinero de verdad es en reforzar la seguridad interna.
Analicemos Brasil. Tiene una Policía Militar superentre-nada-, un nivel de inversión impresionante, un hábito de ostentación de la fuerza con sus equipos, infraestructura, uniformes, posturas, acciones, etc., que dan, más que respeto, miedo. Constantemente hace demostración de sus equipos a la población y se destinan recursos para tal fin promocional. El uso de la fuerza letal es muy usual y el dicho popular es “na viatura, bandido vem deitado, não sentado”. Tiene ley de derribo de aeronaves y las derriba, son una sumaria sentencia de muerte. Hasta el paraguayo más prepotente, en territorio brasileño, no osaría confrontar a la policía de ese país. El art. 331 del Código Penal brasileño establece que “la falta de respeto o humillar a un funcionario público” (ofensas verbales, gestuales o agresiones físicas) en ejercicio de su función es crimen con pena de seis meses a dos años o multa. La suspensión de importación de armas en Paraguay, precedente a la operación Dakovo, fue una orden directa de Brasil.
Mientras tanto, en Paraguay a la autoridad no se le respeta. La legislación está hecha de tal forma que es tolerante a la agresión del ciudadano al policía, mientras que la misma acción del policía al ciudadano –siempre que fuese comprobada– se define como lesión corporal en ejecución de la función pública, teniendo una pena de hasta 10 años. Aparte, la legislación desigual es práctica usual de la población y la actitud permisiva de sus líderes políticos. La incongruencia es evidente cuando el mismo paraguayo que le falta al respeto a su Policía Nacional está calladito y mansito frente a la Policía brasileña.
Es obvio que con Brasil apretando en serio, y la contundencia y sólido liderazgo de Patricia Bullrich, cabría esperar que se nos viene una migración de delincuentes que nos va a afectar de verdad.
Debemos, obligatoriamente, invertir en nuestra seguridad para compensar esas fuerzas de nuestros vecinos.
