Los jueces decidieron, por la misma diferencia de votos, rechazar las peticiones de Bolivia, que había pedido que se declarase que Chile había incumplido en el pasado esa obligación de negociar.
Bolivia perdió la salida al mar hace 139 años tras la Guerra del Pacífico. La lectura duró poco más de una hora y solamente se leyeron los párrafos más importantes del documento.
El país andino sostiene que el Tratado de 904 ya fijó las fronteras entre ambos y el reclamo boliviano implicaría una sesión de territorio, en la práctica, que el Gobierno chileno no pretende tratar.
La CIJ concluyó que las notas, actas y diferentes declaraciones entre ambos países a lo largo del siglo XX y principios del XXI implican que existió una intención de negociar por parte de Chile, pero ello no significa que este país haya adquirido una obligación jurídica.
La tesis de Bolivia de que todas esas declaraciones fuesen acumulativas también fue rechazada por la CIJ.
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Los magistrados igualmente desestimaron el argumento de La Paz de que los diferentes contactos entre las partes le habrían generado “expectaciones legítimas”, pues éstas sólo deben ser consideradas en “laudos arbitrales entre un inversor privado y un Estado”, pero no en un juicio entre Estados.
Asimismo, añadió que las diferentes resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) conminando a ambos países a sentarse a negociar “no constituyen una base legal para establecer una obligación a negociar”, rechazando otro de los argumentos de Bolivia.
No obstante, los magistrados agregaron en sus conclusiones generales que la decisión tomada este lunes “no debe impedir que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad”.
Dicho diálogo abordaría “los asuntos relacionados con el enclaustramiento de Bolivia”, una solución para la cual “ambos han reconocido que es un asunto de interés mutuo”.
