“No es extraña, nueva, ni excepcional la conexión policía-traficante. Esa conexión es necesaria para tener libertad de venta en determinados lugares. Es histórico el pago que hacen a policías para tener cierta libertad de acción dentro de un determinado espacio”, explicó el criminólogo Juan Martens.
Contó que incluso ex microtraficantes que después estudiaron para ser policías, ahora egresaron.
FISCALÍA NO INVESTIGA. En la imputación del fiscal Luis Said, en la causa del operativo Casino Royal, cita a una red de microtráfico en el Departamento Central, y tiene como supuesto líder a Osmar Ortiz, alias León Piru. En ella, se leen varias conversaciones entre los hoy sospechosos.
Allí mencionan las visitas de jefes de comisarías a la Bodega L & L, –donde venderían la cocaína–, solo a “preguntar” sobre los hoy imputados y sobre la actividad ilícita, pero nunca hicieron ni promovieron operativos.
Incluso, uno de los imputados, Eugenio Manuel Medina, alias Manu, contó que “está pagando todo”, luego de que otro le dijera que los efectivos linces son “marque”, es decir, que los perseguían.
La abogada Diana Vargas, especialista en DDHH, explicó que una de las cuestiones que se evidencia es que a pesar de la transcripción de llamadas, en varios momentos se identifica la participación de personal policial: Lince o jefes policiales.
Sin embargo, “la Fiscalía pasa por alto y ni siquiera incluye en su análisis y mucho menos en la investigación a esos uniformados”, dijo.
Explicó que el Ministerio Público hace la vista gorda, lo cual, lejos de ayudar a la depuración de la institución policial, la “facilita”.
Vargas contó que “únicamente” esas menciones aparecen en la imputación porque son transcripciones, pero que “es evidente que no está en el foco de la investigación” de ningún órgano que intervino, ya sea Ministerio Público o Senad. “Esto no es nuevo”, citó.
Ese modus operandi facilita la corrupción y la impunidad de parte de uniformados, dijo Vargas. “Es frecuente que el Ministerio Público tenga un rasero distinto cuando se trata de personal policial o penitenciario”.
Y la consecuencia cae después, que es “la impunidad de parte de quienes ejercen la fuerza. Hace que todo el sistema se pervierta”.
Permite que los uniformados participen en esquemas delictivos, incluso con aquiescencia del Ministerio Público.
“Lo que se hace es aceitar un modelo de funcionamiento perverso, donde lejos de perseguir el delito se convierten en roscas que hacen que gire mejor”, lamentó Vargas, citando que hay denuncias que no se investigan y que los efectivos luego son ascendidos.
