Mientras científicos, campesinos y hasta la Iglesia denuncian el ecocidio, las autoridades parecen más ocupadas en perseguir a quienes protestan que en detener la contaminación. ¿Cómo llegamos a esto?
Paso Yobái debería ser sinónimo de prosperidad. Rodeado de tierra fértil, arroyos cristalinos y una tradición yerbatera que sostiene a familias enteras, este distrito paraguayo tiene todo para ser un modelo de desarrollo sostenible. Pero hoy su nombre resuena por un motivo muy distinto: La minería del oro lo está matando.
No se trata de satanizar la minería. El oro, como recurso, podría ser una fuente legítima de ingresos para la región. Pero cuando 300 piletas de cianuro se instalan a pasos de plantaciones, hogares y fuentes de agua, ya no hablamos de desarrollo, sino de ecocidio.
La Diócesis de Villarrica impulsó un estudio de dos años que fuera realizado principalmente por profesionales de la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Asunción. Entre los resultados más alarmantes, se constató la contaminación de suelos hasta a 400 metros de distancia de las piletas de lixiviación, además de la presencia de mercurio –elementos tóxicos para la vida humana y animal– en cuerpos de agua cercanos.
No se queda acá. Se realizaron pruebas a habitantes de la zona dando cuenta que un aproximado de 10% de la muestra tenía niveles de mercurio en orina superiores a los valores aceptables para la salud humana. El informe nos da un panorama de las consecuencias, pero solo hace que surjan nuevas preguntas: ¿Dónde están los controles? ¿Quién autorizó esto?
El intendente Óscar Chávez tiene en sus manos la facultad de ordenar el territorio y clausurar lo que viola normas ambientales. Sin embargo, su inacción habla más fuerte que cualquier discurso. Mientras tanto, Vidal Brítez, un productor yerbatero que se atrevió a alzar la voz, está preso bajo acusaciones dudosas. ¿Es este el precio por defender el agua y la tierra?
El caso de Paso Yobái expone una falla sistémica: La opacidad. Los métodos de explotación pueden ser más amigables con las comunidades y el medioambiente, pero para lograr ese pacto con las empresas mineras es necesaria voluntad política.
Las comunidades crearon un anteproyecto de ley denominado “El oro es de todos los paraguayos”. Los pedidos son claros: El reordenamiento territorial urgente, con zonas mineras delimitadas y lejos de recursos vitales; fiscalización independiente y acceso público a los datos ambientales y, sobre todo, diálogo real con las comunidades, no represión a quienes denuncian.
El obispo de la Diócesis de Villarrica, monseñor Miguel Ángel Cabello, lo resumió bien: “Paso Yobái tiene qué hacer: O Morir o Vivir”. Pero la disyuntiva no es solo para el pueblo, sino para todo Paraguay. ¿Otra vez vamos a permitir que la codicia sea más importante que la vida humana? Hoy, la pregunta no es solo “qué pasa en Paso Yobái”, sino ¿qué pasará si seguimos callando? La tierra no grita, pero sus cicatrices son visibles.
