En un escenario político y social tan volátil como el paraguayo en el que a menudo la discusión pública queda atrapada en la lógica de la inmediatez, la confrontación partidaria estéril o los escándalos mediáticos de corto alcance, es necesario preguntarse: ¿Quién está marcando la agenda de los temas que realmente importan? La respuesta, cada año más evidente, señala al movimiento de mujeres como el principal –y a veces el único– actor capaz de poner sobre la mesa los debates estructurales que definen la salud de nuestra democracia.
Mientras que la política tradicional parece orbitar en torno a acuerdos de poder y la administración de cuotas burocráticas, los feminismos y las organizaciones de mujeres han asumido el rol de una verdadera conciencia crítica. Son ellas quienes, con su persistencia callejera y su incidencia legislativa, han logrado instalar temas que el establishment preferiría mantener en las sombras de la hipocresía.
En un país donde la desigualdad se hace sentir sin hacer caso a los brillantes balances económicos, el movimiento de mujeres ha obligado a la sociedad a hablar de lo que duele. Fueron pioneras en denunciar las redes de trata y explotación sexual que operan con alarmante impunidad en nuestras fronteras. Son ellas quienes rompieron el silencio cómplice que envolvía el acoso y el abuso en espacios laborales, educativos y domésticos, visibilizando que la violencia es una fractura social que nos atraviesa a todos.
Pero su agenda va mucho más allá de la violencia. En un contexto de crisis climática y depredación de bienes naturales, son las voces de las mujeres rurales e indígenas las que con más fuerza alertan sobre el modelo de desarrollo extractivista que arrasa territorios y comunidades. Frente a un sistema de salud que colapsa, pusieron el grito en el cielo por la falta de insumos para una atención digna, visibilizando la mortalidad materna y la precariedad en el acceso a la salud sexual y reproductiva como las emergencias silenciosas que son.
Mientras los partidos políticos discuten sobre la distribución de cargos en una nueva lista, el movimiento de mujeres discute sobre el derecho a una vida libre de violencia, de todo tipo de violencia. Mientras el Estado se acerca a otros Estados genocidas, son las mujeres las que denuncian la militarización y el acuerdo SOFA porque entienden que son ellas las que sostienen y se organizan ante las crisis.
Esta centralidad del movimiento de mujeres en la agenda nacional no es una casualidad, es una necesidad estructural. Claramente, es la consecuencia lógica de haber sido, históricamente, las más afectadas por las crisis y, al mismo tiempo, las que menos voz han tenido en los espacios de decisión. Al ocupar las plazas y las redes, al tejer redes de sororidad y alzar sus demandas, están luchando por sus derechos, pero también son las que están oxigenando el debate público.
Es la demostración de que la política va más allá del arte de lo posible en los despachos, los partidos y los espacios formales de acuerdos, la capacidad de construir un nosotros más justo en las calles. Son, en definitiva, la brújula ética que le recuerda al Paraguay cuáles son los debates que no podemos seguir postergando si aspiramos a ser una sociedad verdaderamente democrática e igualitaria.
