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La deriva autoritaria de la Fiscalía

 

Quizá uno de los cambios más importantes de la nueva Constitución de 1992 fue la inversión de roles de la Fiscalía General. Ya no representa al Estado, sino a la sociedad, incluso contra el propio Estado. “El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el fiscal general del Estado y los agentes fiscales, en la forma determinada por la ley”, reza el artículo 266.

Otra característica fue el modo de nombramiento. El dictador Alfredo Stroessner gozaba de amplias facultades de nombramientos, desde ministros de la Corte, intendentes, procuradores, jueces, soplones y obviamente al fiscal general del Estado. Los constituyentes también modificaron este punto ampliando la incidencia de otros poderes en esta decisión. Así, la terna para la Fiscalía la confecciona el Consejo de la Magistratura, da su acuerdo el Senado y, finalmente, es nombrado por el Poder Ejecutivo. Se democratizó su elección, pero no siempre es democrático el elegido o la elegida, como se puede verificar en su historial.

Lamentablemente, las instituciones creadas por la nueva Carta Magna se diluyeron en el mar de la corrupción y coerción de sus nuevos amos. Ya no son instrumentos coercitivos de un dictador, sino de varios patrones de la política, de las élites económicas o directamente de la delincuencia en su amplia gama que va desde el narcotráfico, lavado de dinero y otros.

SUMISIÓN VOLUNTARIA. La pandemia del coronavirus ha despertado en el mundo solidaridad y hasta un trabajo conjunto entre los ciudadanos y el Estado, con el objetivo de minimizar el impacto del virus. La gente aceptó de buena manera incluso recortes de sus libertades a través de las restricciones impuestas por la cuarentena. Pero esta circunstancia también desató en el mundo un febril debate, ya que varios analistas critican que se deje en manos de los epidemiólogos la decisión sobre pérdida de libertades individuales y colectivas y hasta de las economías.

Lo mismo sucede con otras amenazas. Cuando los terroristas derribaron las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001, el mundo cambió y se aplicaron restricciones de las libertades, incluso permitiendo a los Estados invadir la privacidad a cambio de mayor seguridad.

En Paraguay, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) siembra terror desde hace años, pero oficialmente desde el 2008 cuando se presentan como tal. En el 2013 se creó una fuerza especial para combatirlo (Fuerza de Tarea Conjunta) y además por un decreto se modificó la Ley de Defensa y Seguridad interna que le dio luz verde para incursionar en el campo, sin necesidad de que el Congreso declare estado de excepción. O sea, fortalecimiento presupuestario y manos libres para combatir a la autodenominada guerrilla.

Es decir, en nombre de la seguridad se restringieron libertades. Hay denuncias de abusos de la FTC, pero caen en saco roto porque quienes alzan la voz ya son acusados de simpatizantes del grupo criminal. Ni siquiera se permite racionalizar sobre las condiciones sociales y económicas paupérrimas del Norte sin que políticos populistas reduzcan el debate a lo meramente militar, o que las hordas virtuales fascistas aprovechen el anonimato de las redes sociales para escupir sus diatribas contra quienes osan pensar soluciones más allá de las armas.

Y es en medio de este debate cuando surgen los nacionalismos trasnochados peligrosos, como ya lo demostró la historia, un clamor inconsciente de más autoritarismo, mimetizados en las denuncias o delaciones contra el vecino que no usa tapabocas.

FISCALÍA, EL AZOTE. Uno no puede contener a una sociedad que como nunca en su historia vive una experiencia mundial de muertes, miedo, crisis e incertidumbre. Sentimientos que afloran y se plasman en las redes sociales sin filtro alguno. Muchos de ellos, campañas de sectores poderosos que tienen la capacidad de contratar industrias de fake news o noticias falsas. Si bien es la otra pandemia que se debe combatir, es más preocupante que las propias instituciones creadas para defender la democracia, la libertad y los derechos ciudadanos se conviertan en su victimario.

El Ministerio Público ha perdido hace tiempo su rumbo. En un país dominado por la corrupción, se esperaban operativos más audaces para encarcelar a los delincuentes. Pero no, optó por obedecer a sus patrones políticos de turno, protegiendo a quienes roban los fondos públicos y persiguiendo a los opositores a los gobiernos de turno.

En estos días álgidos por los episodios vividos en el Norte, primero con la muerte a manos de la FTC de dos niñas y posteriormente el secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis, la Fiscalía revivió comportamientos stronistas para frenar los derechos constitucionales de la libre expresión y la libertad de reunión. Amparada arteramente en el episodio de la destrucción del Panteón de los Héroes, que generó una indignación social, pretendió meter subrepticiamente la prohibición de manifestación. Intentó imputar a un anciano de 82 años que fue a reclamar transparencia y rendición de cuentas con respecto a lo que sucedió en Yvy Yaú. Era nada menos que el conocido poeta, escritor, docente e investigador Miguel Ángel Fernández. Pero la indignación social frenó las autoritarias intenciones de la Fiscalía, que también puso sus garras sobre la luchadora contra la dictadura Diana Bañuelos, sobre quienes pende aún la “presunta comisión de los hechos punibles de daños a bienes de patrimonio cultural, perturbación de la paz pública y violación de la cuarentena sanitaria”.

Un nuevo acto de prepotencia fiscal sobre los débiles, ya que dirigentes del Partido Colorado y algunos opositores funcionales al poder, los patrones actuales del Ministerio Público violan todos los días el protocolo sanitario y hacen alarde de ello. Total para ellos no hay fiscal que se anime a imputarlos ni jueces que los remitan a alguna dependencia carcelaria para escarmiento social.

La ciudadanía debe estar alerta. Son tiempos peligrosos para las libertades, no tanto por las preocupantes manifestaciones políticas de trasnochados autoritarios, sino porque quienes deben ser los guardianes de la ley y de la democracia hoy son sus principales verdugos.

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