El plazo de 90 días para el retiro de la DEA del país se cumplió ayer. El 6 de diciembre, el titular de la Senad remitió la nota por la que daba por terminada la cooperación y la agencia antidrogas de Estados Unidos respondió que iniciaba por tanto un inventario para retirar todos sus equipos, tecnología y concluir los programas de capacitación, entre otras cosas.
El Gobierno tomó esa decisión por razones estratégicas y por motivaciones políticas que habrían estado ligadas a las molestias de un sector oficialista por la muerte de Lalo Gomes, que argumentaba la necesidad de fortalecer la soberanía, pero la jugada salió mal y tuvieron que rectificar la medida, a través del Consejo de Defensa Nacional (Codena).
El Ejecutivo volvió a remitir una nota en la que explicaba que solo buscaban una reestructuración y pedían a la DEA que siga con la cooperación, pero de forma unificada, ya que hasta el momento los programas se dividían en SIU-Policía y SIU–Senad.
En los últimos días, se dieron varias acciones en la negociación entre gobiernos. Peña anunció la compra la semana pasada de un radar de largo alcance a través del Programa de Ventas Militares Extranjeras (FMS) de Estados Unidos, con el fin de fortalecer el espacio aéreo en la lucha contra el crimen organizado.
En la noche del martes, el mismo Peña conversó con Marco Rubio, secretario de Estado, quien felicitó al presidente por la primera compra del sistema de radar primario, para el combate del tráfico de drogas y armas. Luego de esta comunicación, finalmente se confirma la permanencia de la DEA.
“Ambas naciones acordaron mantener la colaboración en este ámbito, con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay permaneciendo como parte de la Unidad de Investigación Sensible (SIU). Esta alianza refuerza los esfuerzos conjuntos para combatir las organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad en la región”, expresa el comunicado conjunto entre la Presidencia y la Embajada de EEUU.
Ayer, además, se anunció una colaboración entre las fuerzas armadas de ambos países. “Instructores del 7º Grupo del Comando de Fuerzas Especiales de los EEUU colaboran con miembros del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE) de Paraguay. Esta iniciativa busca fortalecer la capacidad y habilidades tácticas de las fuerzas militares de Paraguay, con el objetivo de responder a amenazas de seguridad regional, compartidas con los EEUU”, expresó la Embajada.
Todo el escandaloso caso tras la ruptura de la cooperación se dio en medio del proceso de cambio de mandato en Estados Unidos, tras la victoria de Donald Trump, con quien tocará revisar el convenio, como solicitó Paraguay en diciembre.
El cartismo tenía intención de reducir la influencia de la DEA en el país desde el año pasado, luego de la muerte de Lalo Gomes en un operativo coordinado con la SIU, que es la unidad de inteligencia de esta agencia de Estados Unidos. El diputado Yamil Esgaib impulsó un proyecto para su eliminación. Finalmente, todo queda sin efecto y el Gobierno intenta recomponer todas las relaciones.
Se desconocen hasta ahora cuáles serían los nuevos términos de la cooperación con la DEA.
