Por Jorge Torres Romero
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Rostros conocidos de quienes fueron altos funcionarios públicos son vistos paseando por un shopping o cenando en un restaurante de Asunción. Son los mismos que ocupaban las portadas de los diarios involucrados en hechos de corrupción y hoy gozan de total impunidad.
“Se fue Ibáñez.” Así tituló ÚH la salida del ex ministro de Agricultura y Ganadería, Antonio Ibáñez, en abril de 2004, tras las escandalosas denuncias de corrupción que lo involucraron. Como él, muchos otros dejaron el cargo, agobiados por las denuncias de irregularidades cometidas en sus administraciones.
Hasta hoy, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos solo “castigó” a sus hombres de confianza denunciados por malversación, desvío de fondos o tráfico de influencias, con la destitución del cargo, o lo que es peor, con la total indiferencia. Mientras tanto, las licitaciones amañadas, las sobrefacturaciones y los enriquecimientos ilícitos perpetrados por sus ex funcionarios quedan en la nada.
Uno de los motivos del porqué de esta situación es la deficiencia del sistema penal y la incapacidad del Ministerio Público de llevar adelante una investigación.
INFORME. Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) revela que el 70% de los funcionarios públicos que tienen conocimiento de un hecho de corrupción en la institución donde trabajan no denuncian, debido a que la mayoría de los casos terminan en el opa rei.
De todos los casos de funcionarios denunciados por corrupción, solo el coronel Heriberto Galeano llegó a ser imputado y enviado a prisión.
La labor de la Contraloría General de la República, a pesar de las contundencias de algunos de sus dictámenes, como el caso de las denuncias en Copaco y contra el ministro asesor de Nicanor, Carlos Walde, no sirvió de mucho, puesto que su informe no es vinculante y en el caso de que intervenga el Ministerio Público debe iniciar de cero las investigaciones.
Además, existen casos de funcionarios que solo reciben la sanción administrativa, pero que no constituyen tipos penales debido a que generalmente la fiscalía no logra cerrar la investigación.
GALERÍA DE EX FUNCIONARIOS DENUNCIADOS POR CORRUPCIÓN Y QUE QUEDARON EN EL OPA REI
Antonio Ibáñez, ex ministro de Agricultura y Ganadería
Casos: venta ilegal de carne a la Policía Nacional, enriquecimiento ilícito y compra irregular de semillas.
Antecedentes: en marzo de 2003 se creó la empresa San Antonio, a nombre de Faustino Decoud, para proveer carne a la Intendencia Policial por valor de 2.300 millones de guaraníes. Decoud era prestanombre y hombre de confianza de Ibáñez desde la época en que este presidía el Fondo Ganadero. En el caso de la compra irregular de semillas, el MAG benefició a dos empresas allegadas al ministro, que habrían sobrefacturado para la provisión de semillas de autoconsumo y renta.
Situación actual: El fiscal Arnaldo Giuzzio es el encargado de determinar si el ex ministro se enriqueció ilícitamente a través de la empresa San Antonio. El Ministerio Público inició la investigación para comprobar si la firma que figuraba a nombre de Faustino Decoud en realidad le generaba ganancias al doctor Antonio Ibáñez. La compra irregular de semillas nunca fue analizada por la Contraloría. La Fiscalía sigue con la investigación.
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Juan Francisco Godoy, ex presidente del Consejo de Copaco
Caso: pagos irregulares de Copaco por más de 25 millones de dólares a Siemens AG y Ericsson del Paraguay.
Antecedentes: en marzo de 2003, el Poder Ejecutivo autorizó a Copaco el pago de 9.025.971 dólares en concepto de inversiones adicionales a Siemens AG de Alemania. En este mismo decreto también se autoriza el pago de 9.700.000 dólares a la firma Siemens Ltda. de São Paulo, Brasil, por compra directa, al que se suma otro caso de pago por compra directa a la firma Ericsson por valor de 7.524.098 dólares.
Situación actual: el caso fue blanqueado por el ex fiscal de Delitos Económicos Adolfo Marín, quien dijo que no encontró indicios para imputarlo.
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Ingeniero Luis Reinoso, ex presidente de la Conatel
Caso: transferencia ilegal de la licencia de Canal 5 a favor de dos directivos del Canal 9 TV Cerro Corá.
Antecedentes: a través de una resolución de fecha 23 de febrero de 2005, el presidente de Conatel autorizó la transferencia de acciones de la firma Paravisión SA, concesionaria de la licencia de Canal 5, a favor de dos directivos del Canal 9 TV Cerro Corá. El traspaso es considerado ilegal porque no se cumplieron los requisitos establecidos en la Ley de Telecomunicaciones.
Situación actual: el ingeniero Luis Reinoso fue imputado por el fiscal Arnaldo Giuzzio por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito en el caso del desvío de los Fondos Universales de la Conatel.
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Doctor Julio César Velázquez, ex ministro de Salud
Caso: malversación de fondos en la Municipalidad de Fernando de la Mora y en el Ministerio de Salud Pública.
Antecedentes: según informes de Contraloría, durante la administración de Velázquez al frente de la Comuna de Fernando de la Mora, en el 2003, se cometieron diversas irregularidades administrativas. Las infracciones detectadas alcanzan la suma de G. 1.234.190.810. En la cartera de Salud Pública autorizó la compra directa de Impagas para la provisión de oxígeno medicinal líquido. Renunció al cargo cuando estaba a punto de ser interpelado en la Cámara de Diputados.
Situación actual: el caso ni siquiera fue investigado por el Ministerio Público, pese al informe de Contraloría sobre las irregularidades en el Municipio de Fernando de la Mora.
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Coronel Heriberto Galeano, ex comandante de la Primera División de Infantería
Caso: supuesto enriquecimiento ilícito y sospechas de escuchas telefónicas.
Antecedentes: Última Hora denunció que el militar construyó un “búnker” en Lambaré con un salario que no supera los G. 4 millones. Galeano afirmó que la casa era alquilada. Sin embargo, se demostró que es el principal accionista de la inmobiliaria que supuestamente le alquilaba el “búnker”.
Reconoció que cuenta con una empresa familiar denominada 6 de Marzo SA, abocada al rubro inmobiliario, y que la integra junto a su hijo Sergio Heriberto Rojas y su hermana Aída Galeano, con un capital autorizado de 500.000.000 de guaraníes, de los cuales 495 millones de las acciones le corresponden. Además, se descubrieron más propiedades a nombre del militar. En una de sus casas se encontraron antenas con capacidad de escanear el espectro radioeléctrico.
Situación actual: ante las publicaciones de ÚH, el fiscal Arnaldo Giuzzio actuó de oficio y lo imputó por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Galeano se encuentra con prisión ambulatoria. Por el caso de las supuestas escuchas telefónicas, el fiscal Guillermo Zillich no avanzó en las pesquisas.
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Omar Ramos Llano, ex titular de Copaco
Caso: compra directa en forma ilegal de un software por valor de US$ 2 millones a la firma T-Systems.
Antecedentes: adujo la urgencia y la dependencia tecnológica para evitar el llamado a licitación para la actualización del sistema Datos de la compañía.
Situación actual: la Contraloría General de la República dictaminó que Ramos debió llamar a una licitación. Copia del dictamen fue remitido al Ministerio Público. El fiscal Raúl González es el encargado de la investigación. Ramos también fue imputado por Giuzzio por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito cuando se desempeñaba como titular de la Conatel.
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Atilio Heisecke, ex viceministro de Obras
Caso: pagos y favores realizados desde el MOPC en beneficio de la empresa de su familia.
Antecedentes: la Contraloría General de la República cuestionó su permanencia en el cargo a raíz de la incompatibilidad teniendo en cuenta que la empresa de su familia, Constructora A. Heisecke SA, desarrollaba proyectos para el MOPC. Lo denunciaron además de operar como gestor de la constructora para asegurar las adjudicaciones, ampliaciones y concesiones de mayores costos.
Situación actual: el caso no fue investigado.
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Víctor Bogado, actual presidente de la Cámara de Diputados
Caso: malversación y desvíos de fondos dentro de la Conatel con los denominados Fondos Universales.
Antecedentes: cuando se desempeñaba como presidente de la Conatel, Bogado habría avalado el pago en forma irregular a empresas privadas con los Fondos Universales. Entre los años 2000 y 2004 se realizaron pagos por valor de G. 71.000 millones a diferentes empresas durante las administraciones de Bogado, Ramos y Reinoso.
Situación actual: el fiscal Arnaldo Giuzzio lo imputó por el supuesto delito de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. El diputado no fue desaforado gracias al respaldo de sus colegas del Partido Colorado.
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Manuel López Cano, actual presidente de la Essap
Caso: inversiones ociosas de la aguatera estatal.
Antecedentes: López Cano fue contratista de la Essap con su empresa Obrasan, con la que se adjudicó la construcción de una obra en Caaguazú, que costó cerca de US$ 9.000.000. La obra nunca reportó beneficios para la aguatera y tampoco existe un plan que apunte a recuperar la inversión. López Cano actuó en este caso de juez y parte por su condición de presidente de la Essap y a la vez ex contratista.
Situación actual: el ex fiscal de Delitos Económicos Adolfo Marín inició la investigación pero no la concluyó.
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Carlos Walde, actual ministro asesor de la Presidencia de la República
Caso: licitaciones públicas beneficiaron a la empresa de su familia.
Antecedentes: la empresa del asesor económico de la Presidencia de la República, Carlos Walde, le facturó al Estado paraguayo cerca de G. 2.350 millones entre el 2004 y el 2005.
Situación actual: pese al dictamen de Contraloría que sostenía la incompatibilidad de Walde de ocupar el cargo y que la empresa de su familia sea beneficiada con licitaciones, el Ministerio Público decidió no imputarlo.
