Frente a este desafío, el Ministerio de Economía y Finanzas argumenta que la inversión para el desarrollo puede también darse de la mano de las alianzas público-privadas y presenta a estas como una alternativa para financiar obras de infraestructura. Carreteras, puentes y otros proyectos podrían ser ejecutados con la participación del sector privado, que luego recuperaría su inversión mediante el uso de las concesiones por plazos largos. Sin embargo, esta estrategia, aunque válida en la teoría y en el discurso, no tiene aún donde apuntar para mostrar grandes éxitos, con la excepción de la construcción y ampliación de ciertos tramos de las rutas nacionales. Por otro lado, ese tipo de arreglos tiene sobre todo relevancia para las obras de infraestructura, pero queda la interrogante acerca de cobertura y calidad de los servicios sociales básicos, de salud y educación, por ejemplo.
Otro de los argumentos del gobierno es que aún ante este paulatino cierre del espacio fiscal, es importante mantener vigente la regla de oro de la responsabilidad fiscal, concebida desde la perspectiva de una baja presión tributaria y una limitación del gasto. Hay una apuesta de que el 10-10-10 (10% en IVA, renta personal, y corporativo) es el modelo que funciona. Con una baja presión tributaria se atrae la inversión, nacional y extranjera, y dichas inversiones crearán empleo, mayor producción y consumo. Ampliando así la base tributaria existente, sin alterar su estructura. Sin embargo, en este caso, la interrogante que queda es sobre el tiempo que toma para que esa estrategia madure. Mientras tanto las expectativas de mejoras urgentes seguirán a la espera. ¿Hasta cuándo?
El tiempo conspira contra el modelo en otros sentidos también. Por ejemplo, durante años, Paraguay ha contado con excedentes de energía hidroeléctrica gracias a sus acuerdos binacionales con Brasil (Itaipú) y Argentina (Yacyretá). Al consumir menos del 50% de su cuota, el país recibía compensaciones que se destinaban a gasto social. Pero este modelo está cambiando. En 2027, ya no habrá recursos para los fondos para el desarrollo social que provenían de la cesión de energía al Brasil. Todo dependerá de la venta de energía, pero ya en un contexto en que el consumo doméstico de la energía ha aumentado exponencialmente. Según Alberto Acosta Garbarino, los técnicos le han dicho al presidente de la República que aquello de la “energía hidroeléctrica abundante” ya no se compadece del todo con la realidad y que se está reduciendo el excedente disponible. La ANDE ya proyecta inversiones necesarias en su propia infraestructura para satisfacer la demanda creciente. Y, también, se habla de ver fuentes alternativas como solar, eólica, hidrógeno e incluso nuclear. Estos son planes importantes, pero que ponen en entredicho uno de los sostenes de la inversión social.
El partido de gobierno, la ANR, se va a ir enfrentando a estas limitaciones en el mediano plazo. Ellos configuran un contexto de restricciones estructurales y tendencias preocupantes que, aunque no afecten directamente al actual gobierno de Santiago Peña, sí podrían comprometer la viabilidad del modelo político y económico que sostiene al Partido Colorado como fuerza hegemónica. La sostenibilidad del régimen dependerá de su capacidad para adaptarse a estos desafíos sin profundizar las desigualdades ni debilitar aún más el aparato estatal. Aspecto este que está sorprendentemente muy lejos de las preocupaciones del patronazgo partidario que se mueve en otro nivel, acaparando oportunidades en el corto plazo con el supuesto de que la legitimidad se basa única y exclusivamente en su poder clientelar.
