Bacigalupo lamentó que la burocracia no le permita disponer rápidamente de recursos en casos como este, en que los adultos mayores perdieron todas sus pertenencias tras el incendio en Tacumbú.
“Si yo necesito comprar camas ya por una contingencia como esta, tengo que pasar por todo un proceso burocrático que me lleva por lo menos un mes y medio. Lastimosamente tenemos esos procesos que a veces ante un estado de emergencia, como podemos tener perfectamente en el Ministerio de Justicia, no podemos contar con los fondos necesarios...”, expresó en comunicación con Radio Monumental.
Recordó que en abril pasado declaró estado de emergencia en las cárceles porque eran una bomba de tiempo debido al hacinamiento. Cerró las puertas de Tacumbú para nuevos reclusos y pidió utilizar las instalaciones de los cuarteles hasta que culmine la construcción de nuevas cárceles, pero no hubo autorización para el efecto.
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Mencionó que varias instalaciones de las Fuerzas Armas no son utilizadas y que el Ministerio de Justicia quería aprovecharlas para alojar justamente a los adultos mayores, unos 85 reclusos de Tacumbú que vivían en el pabellón afectado.
No hubo peligro de fuga
En el penal de varones, en Asunción, hay unos 3.200 internos en un lugar con una capacidad de poco más de 1.600.
Para Bacigalupo, lo que ocurrió en Tacumbú el viernes por la mañana fue un accidente por cortocircuito que pudo ocurrir en cualquier otro lugar. “En realidad, la cárcel está muy bien llevada”, mencionó.
Al respecto, dijo que hubo una “mancomunión” entre los reclusos que ayudaban a llevar agua a los bomberos y los funcionarios que fueron capacitados y pudieron contener la situación.
Caso contrario, refirió, en ese momento podía haber ocurrido un motín o una fuga masiva. “Pudimos cambiar el chip a mucha gente”, manifestó.
Asimismo, insistió en que el hacinamiento se debe a un abuso de la prisión preventiva y recordó que actualmente alrededor del 78% de los internos no tienen condena. Para enfrentar este flagelo presentó un proyecto de ley que faculta a los jueces a determinar en cada caso si hay peligro de fuga u obstrucción y, de lo contrario, otorgar medidas alternativas.
Criticó que actualmente, por ejemplo, un procesado por violencia intrafamiliar y con antecedentes no puede acceder a medidas alternativas. También están los delitos menores, como hurto o perturbación a la paz pública, que pueden obtener arresto domiciliario.
Agregó que a fines de junio se dispondrán de 2.000 plazas más para internos, mientras que en todo el año se prevé una inversión de G. 40.000 millones en obras de infraestructura que permitirán alojar a más reclusos en las penitenciarías.
Bacigalupo dijo desconocer el descontento del presidente Horacio Cartes sobre su gestión, a quien mantuvo al tanto de los trabajos en Tacumbú en los últimos días. Tampoco tiene intenciones de renunciar al cargo.
A raíz del incendio fallecieron cinco internos y un funcionario.
