13 jul 2026

Jueza decreta sobreseimiento definitivo de comisario por la muerte de Rodrigo Quintana

La jueza Diana Carvallo decretó el sobreseimiento definitivo del comisario Tomás Paredes Palma y del suboficial Arnaldo Báez, procesados por el atropello a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) el 1 de abril de 2017, que derivó en la muerte del joven Rodrigo Quintana. Paredes Palma habría dado la orden de ingreso al recinto.

Tomás Paredes Palma, de camisa, junto con su entonces abogado defensor, en la sede de la Fiscalía.

Imputado. Tomás Paredes Palma, de camisa, junto con su entonces abogado defensor.

El comisario Tomás Ramón Paredes Palma y el suboficial Arnaldo Andrés Báez fueron sobreseídos de forma definitiva en la causa conocida como 31M, que se abrió tras el atropello a la sede del Partido Liberal que derivó en la muerte del joven militante Rodrigo Quintana.

La jueza Diana Carvallo decretó el sobreseimiento por pedido de la fiscala adjunta Nancy Salomón, según informó el periodista de Última Hora, Raúl Ramírez.

Paredes Palma había sido imputado por inducir a su subordinado a cometer un hecho punible.

En el relato de imputación, los investigadores habían argumentado que el comisario permitió que un oficial antidisturbios ingrese al local del PLRA –donde ocurrió la muerte del joven dirigente Rodrigo Quintana– y efectúe disparos de balines de goma contra las personas que estaban dentro de un baño de damas de la sede partidaria.

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El fallo de la jueza Carvallo señala que no se pudo justificar en “grado de certeza positiva la existencia del hecho punible atribuido”, así como tampoco se pudo probar la participación del comisario Paredes Palma en el mencionado hecho.

El suboficial Arnaldo Báez fue imputado por supuesta coacción por haber alterado y ordenado a Diego Garcete que no se mueva y que se mantenga acostado boca abajo, durante el procedimiento policial.

El joven liberal Rodrigo Quintana fue asesinado a manos de la fuerza pública en el interior de la sede del Partido Liberal, luego de un intento de enmienda constitucional para insertar la figura de la reelección presidencial durante el gobierno de Horacio Cartes y que derivó en la quema de una parte del Congreso y enfrentamientos con la Policía Nacional entre el 31 de marzo y 1 de abril del 2017.

Lea más: Caso 31M: Apartan a padres de Rodrigo Quintana de la querella

El suboficial Gustavo Florentín fue el único acusado por la muerte del joven militante y guardó reclusión en la Agrupación Especializada hasta abril del 2022, que fue cuando recuperó su libertad por compurgamiento de la pena mínima por el hecho punible.

Hasta el momento, el caso no llegó a juicio oral ya que la audiencia preliminar no se pudo realizar por una serie de chicanas presentadas.

Lo último que se presentó en el caso fue la exclusión de la querella de Fidelino Quintana y Felicia Arrúa, padres del joven asesinado.

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