Al respecto, la abogada relató que el salario de sus defendidos fueron embargados en un juicio fraudulento que nos le dio ni tiempo para la defensa y que se iniciaron los procesos con pagarés que no tenían siquiera la firma de los afectados. Sin embargo, los descuentos compulsivos se dieron por una resolución que fue firmada por la jueza Liliana González de Bristot, del juzgado de Paz de San Roque de la capital, pese a que ni siquiera tenía jurisdicción.
El Juzgado de Paz de San Roque es uno de los tres juzgados intervenidos por disposición de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras las denuncias masivas de víctimas de la mafia de los pagarés.
Se trata de un esquema corrupto de doble cobro vía judicial, en que son ejecutados pagarés ya cancelados o documentos con contenidos falsos o fraudulentos, para realizar los descuentos compulsivos de los salarios de las víctimas, generalmente trabajadores públicos como docentes, enfermeros, jubilados, policías, entre otros. Aunque también existen víctimas del sector privado.
Sobre el punto, la abogada Sosa destacó que el juicio ejecutivo contra sus clientes fueron inventados con documentos que ellos nunca firmaron, lejos de su residencia para que ellos no puedan defenderse, ya que no fueron notificados del proceso. “Creemos conveniente que el eslabón principal, que es la jueza, tiene que ser también investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, remarcó la abogada.
Señaló que debido a que sus defendidos residen en Alto Paraná, “la jueza González de Bristot debía de declarar su incompetencia jurisdiccional, cosa que jamás hizo, lastimosamente, y llegamos a este extremo, juicios que finalizan con 21 hojas, con sentencias definitivas y con descuentos compulsivos”.
Sobre el punto, la abogada recalcó que sus defendidos “nunca fueron notificados y recién se enteraron del proceso con los descuentos de sus salarios, descuentos de sumas muy considerables, alejadas al porcentaje que establece el Código Procesal Civil”.
Recientemente, la Superintendencia de la Corte dispuso la auditoría de reacción inmediata de tres juzgados de Paz de la capital, “a efectos de constatar la existencia o no de eventuales irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos, así como la identificación de presuntos responsables”.
