21 jul 2026

Jueza admite imputación contra precandidato a concejal de Luque

La jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía admitió la imputación presentada por la Fiscalía contra el precandidato colorado a concejal de Luque Roberto Cubilla Sanabria y sus secretarios por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y producción de documentos públicos de contenido falso. La audiencia de imposición de medidas está prevista para este mediodía.

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Citado. Para este mediodía fue citado el precandidato a concejal, tras admitirse la imputación de Roberto Cubilla Sanabria.

Foto: Facebook/Roberto Cubilla.

La magistrada entendió que la imputación de los agentes fiscales Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y José Martín Morínigo reunía los requisitos legales, por lo que admitió y fijó para este mediodía la imposición de medidas cautelares.

Además de Roberto Cubilla Sanabria, la jueza también admitió la causa contra Roberto Santiago Ayala Galeano y César García, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantías, tras la imputación.

El caso se enmarca dentro de la investigación por la causa de lavado de dinero que involucra a Alexandre Rodrigues Gomes.

Supuestamente, los tres habrían operado una estructura diseñada para “frustrar el comiso” de bienes que debían permanecer inmovilizados por orden judicial tras la imputación original contra Rodrigues Gomes en agosto de 2024.

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Según los agentes del Ministerio Público, Cubilla Sanabria sería el cerebro detrás de la operación. Sería el que gestionó escrituras falsas y documentos públicos adulterados, valiéndose de materiales notariales obtenidos de manera irregular.

Dentro de esos hechos, para concretar las transferencias de vehículos y semirremolques, el grupo habría usado poderes falsificados, en algunos casos de personas fallecidas, para levantar las inhibiciones de vender y gravar que pesaban sobre los bienes.

La Fiscalía requirió la prisión preventiva de Roberto Cubilla Sanabria, por el peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones.

Respecto a los demás, requirió el arresto domiciliario, ya que los coprocesados presuntamente actuaron como testaferros y firmantes dentro del esquema ilícito.

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