La jueza Rosarito Montanía, en comunicación con Monumental 1080 AM, realizó duras acusaciones contra el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) por las denuncias realizadas de supuestos hechos de malos tratos en el penal de Viñas Cué, donde está recluido Miguel Insfrán, alias Tío Rico, investigado en el operativo A Ultranza.
La magistrada dio a entender que la intervención del organismo extrapoder se da en represalia a la negativa de los militares a permitir el ingreso de un teléfono celular a la celda de Insfrán. “No me gustaría que la defensa de derechos humanos finalmente sea una herramienta útil al crimen organizado”, señaló.
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Montanía se hizo eco de la denuncia efecutada por los comisionados del MNP de supuestos hechos de tortura que se realizan en el recinto, de los que habrían sido víctimas 17 efectivos militares. Entre los denunciados se encontrarían los uniformados que negaron el ingreso del celular en la celda de Tío Rico.
“Yo tuve intervención porque precisamente fui la denunciante gracias a militares honestos, y comprometidos con la institución a la que representan, que nos demostraron que no todo está perdido; ellos son precisamente ahora los denunciados”, agregó. Puso en duda, además, la existencia de este hecho afirmando que no existe denuncia formal.
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La jueza afirmó que en otra ocasión los comisionados del MNP le solicitaron incluso que otorgue arresto domiciliario a personas vinculadas al narcotráfico. “Tengo episodios anteriores en causas de narcotráfico, donde el Mecanismo también se vio involucrado y no solamente me pedían sendos pedidos de informes, sino que me solicitaban que le dé el arresto domiciliario al privado de libertad”, reveló de forma tajante.
El caso al que hace referencia la jueza guarda relación con la incautación de una megacarga de 1.375,4 kilos de cocaína, hallada en la estancia El Tigre del Chaco; en este hecho fueron detenidas dos personas.
En la opinión de Montanía, varias personas ligadas al crimen organizado buscan obtener privilegios acudiendo a instituciones o a personas influyentes. “Hay personas procesadas que siguen operando desde su lugar de reclusión. Es una verdad que todo el mundo sabe”, sentenció.
