El magistrado José Agustín Delmás habló con radio Monumental 1080 AM sobre el pedido de imputación que admitió este lunes contra el gobernador de Central, Hugo Javier González, y otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
En un momento se refirió a la prohibición de que los imputados se acerquen a la sede de la Gobernación Central y/o se comuniquen, por cualquier medio, con los funcionarios de dicha institución, que solicitó la Fiscalía en la misma diligencia.
El juez explicó que todavía no tomó una decisión al respecto, recién lo hará tras la imposición de medidas del 10 y 11 de noviembre. Sin embargo, evaluó que habría dificultad para aplicar la medida.
Nota relacionada: Juez admite imputación contra el gobernador Hugo Javier
“Yo no sé por qué se pidió. Haciendo un razonamiento a simple vista es difícil (...). Es muy difícil controlar que se comuniquen entre sí. Eso hay que preguntarle al Ministerio Público cómo se va a controlar, porque ellos son los que se encargan”, afirmó Delmás.
Sobre el punto señaló que al momento de la imposición de medidas va a tener que verificar si corresponde aplicar o no estas medidas alternativas.
Más detalles: Piden a Hugo Javier que renuncie o se buscará intervención
Dudó, especialmente, prohibir la comunicación. “No sé si en el caso de la libre comunicación, se puede prohibir entre estas personas. Se tiene que intervenir todos los números de esas personas investigadas, pero eso no me pidió la Fiscalía”, señaló.
Por su parte, el agente fiscal Rodrigo Estigarribia, a cargo de la investigación del caso, sostuvo en otro contacto con el mismo medio que el trabajo de Fiscalía “no es controlar con quién se comunica” los imputados, que “para eso está la Policía Nacional”.
Lea también: Hugo Javier es procesado por autorizar desembolso para “obras fantasmas”
Asimismo, dijo que prefirió no solicitar la prisión preventiva con la imputación, sino “más cerca de la sanción”, “porque si pide ahora, la persona puede estar libre durante todo el proceso”.
Estimó a “prima facie” que por la “gravedad del hecho” Hugo Javier González y las otras 14 personas se exponen a 10 años de cárcel.
El Ministerio Público procesó al gobernador de Central y a otras 14 personas, entre funcionarios de la Gobernación, contratistas y miembros de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), por la supuesta existencia de un esquema para obtener dinero a través de “obras fantasmas”.
