El magistrado de Crimen Organizado interina a su colega de Delitos Económicos, Humberto Otazú, por lo que libró oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Luis Latorre, reiterando una comunicación de diciembre de 2023.
En la comunicación informa sobre la imputación fiscal realizada por el agente Silvio Corbeta Dinamarca contra el diputado nacional Esteban Martín Samaniego Álvarez por los supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, en calidad de coautor, y asociación criminal, como autor.
El juez remite además copias íntegras de las actuaciones producidas por el Ministerio Público en el marco de la presente causa a la Honorable Cámara de Diputados para los fines legales pertinentes.
Hasta ahora, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó a favor del desafuero, pero hasta ahora, nunca fue incluido en el orden del día de la sesión para que se trate el tema. Esto, pese a que ya pasaron más de dos años del pedido.
Preliminar a intendenta
Además, en la misma causa, el magistrado fijó la audiencia preliminar para 14 de los procesados, entre ellos, la intendenta Patricia Corvalán, Andrés Arrúa, Blanca Álvarez, entre otros, para los días 29 y 30 de junio, y 1 de julio de 2026 a las 09:30.
Igualmente, el magistrado revocó las medidas alternativas dictadas en el 2024 al encausado Damián de Jesús Galarza Dárdano y se decretó su prisión preventiva, con lo que dispuso su inmediata captura a la Policía Nacional.
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Según la resolución, el procesado incurrió en “temeridad procesal” al presentar una recusación minutos antes del inicio de su audiencia preliminar el pasado 3 de junio de 2026 con el fin de dilatar el proceso, demostrando una falta de voluntad para someterse a la justicia.
Asimismo, se citó al abogado defensor Derlis Patrocinio Maciel Riveros a una audiencia disciplinaria para el 29 de junio de 2026, a las 08:30 horas.
En la misma, se va a evaluar posibles sanciones por mala fe o temeridad procesal, debido a que solicitó intervención y promovió la recusación contra el juez minutos antes de la audiencia del 3 de junio, donde se logró suspender la diligencia y obstaculizar el proceso, según el magistrado.
La acusación
En la causa, la fiscalía acusó Patricia Corvalán, actual intendenta y cónyuge del legislador, porque –según señala– logró probar su implicancia en el esquema que desvío de la comuna G. 1.108.599.918, entre los años 2017 y 2018, cuando Samaniego se desempeñaba como jefe comunal.
Además, se señala que el dinero fue invertido en la construcción de la vivienda de la familia Samaniego - Corvalán, de dos plantas, de 306 m², ubicada en la calle Padre Casanello y Pampa Grande del barrio San Vicente de Asunción. El terreno es de la madre del diputado, Blanca Álvarez viuda de Samaniego, también acusada.
En el caso, además de las citadas esposa y madre de Samaniego, fueron acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar, Andrés Alfredo Arrúa Brítez.
Asimismo, se pidió juicio oral por administración en provecho propio y asociación criminal para Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina Yegros, Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.
Finalmente, por asociación criminal fueron acusados Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, mientras que, por administración en provecho propio, fueron acusados Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.
