La excepción de incompetencia fue planteada por los acusados Carlos Aurelio Bareiro y Ruth Mercedes Medina, a través de la abogada Alba Meixner. El pedido es de previo y especial pronunciamiento, ya que se trata de la competencia del juzgado para tener el caso.
Ante esta presentación, se volvió a suspender la audiencia preliminar sobre el caso del supuesto desvío de fondos públicos en el Municipio. El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú debe primero pronunciarse y luego podrá citarlos nuevamente para la audiencia.
Los acusados Carlos Aurelio Bareiro y Ruth Mercedes Medina refieren que los hechos acusados son del año 2017, por el Ministerio Público y son muy anteriores a la entrada en vigencia de la acordada que reglamenta la competencia de los juzgados especializados.
Sostienen que de esa manera la causa en cuestión al ser anterior a la acordada de la Corte Suprema, dictada en el 2020, debe ser tramitada en los juzgados en la circunscripción judicial de Paraguarí.
Citan los artículos del Código Procesal Penal que tratan sobre la competencia material, la incompetencia, la nulidad del proceso en caso de no respetarse la competencia, así como las reglas y sus excepciones.
Remarcan que el juzgado de Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto Otazú, no es competente en la causa, por lo que solicitan que se remita el caso a los juzgados de Paraguarí.
Procesados
En el caso, además de la intendenta Patricia Corvalán, están acusados Manuel Olazar, ex Director de Administración y Finanzas, Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego, madre del diputado Esteban Samaniego, Damián de Jesús Galarza, cónyuge de Sylvia Samaniego Álvarez hermana del ex Intendente y actual diputado Esteban Samaniego Álvarez.
Además, Guido Ramón Vargas Gaete, Secretario Municipal en el 2015, Líder Catalino Ramírez Ramírez, ex concejal Municipal periodo 2010-2015, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú.
Según la acusación fiscal, el diputado Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, entre el 2010 y 2018, se asociaron a otras personas para conformar un esquema y desviar dinero de comuna, cuando el primero era intendente. El monto de G. 1.108.599.918, obtenido en forma indebida, fue invertido para construir una vivienda en el barrio San Vicente, de Asunción.
