A pedido de los fiscales Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, el magistrado contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, decretó medidas cautelares sobre tres inmuebles que son propiedad del fallecido legislador Eulalio Gomes Batista, en el caso conocido como Pavo Real II.
Dispuso la prohibición de innovar el estado jurídico y de contratar del establecimiento rural San Juan, finca 898, del distrito de Bella Vista Norte, Departamento del Amambay, a nombre de Eulalio Gomes.
También del inmueble denominado Marta Angélica, fincas 1204 del distrito de Horqueta y finca 794, del distrito de Yby Yaú, a nombre de Eulalio Gomes y su esposa Joana Izabel Rodrigues.
Finalmente, del establecimiento denominado Ñu Porã, individualizado con matrícula 2768 del Distrito de Yby Yaú, también propiedad del extinto congresista y su cónyuge.
Además, el magistrado declaró los bienes sujetos a comiso. Se dio intervención a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y se libraron los oficios respectivos a la Dirección General de los Registros Públicos.
El pedido fiscal
Según el requerimiento de los fiscales, se pudo identificar la existencia de un esquema delictivo establecido en Paraguay que se estaría dedicando al lavar activos provenientes del narcotráfico.
Indican que el referido esquema estaría constituido por personas físicas y jurídicas, que gozarían de reconocimiento tanto en el ámbito público como en el sector empresarial, debido al amplio caudal de recursos financieros que poseen y movilizan.
Remarcan que dicha circunstancia, les permitiría realizar diversas operaciones financieras que, aunque aparentan ser legítimas, en realidad están destinadas a blanquear el capital ilícito de diferentes facciones criminales nacionales e internacionales (Primer Comando Capital, Comando Vermelho, etc.) que operan en nuestro país.
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Dicen que la organización era liderada por Jarvis Chimenes Pavão, así como grandes estructuras relacionadas al tráfico internacional de drogas. Dicen que se presume que estas personas aprovecharían su influencia y experiencia en el sector financiero ganadero y áreas económicas en la región fronteriza del Amambay para facilitar la coloración y movimiento de fondos de origen ilícito.
Remarcan que dentro de esta estructura liderada por el citado narcotraficante, se pudo identificar los establecimientos rurales usados para la explotación de actividades agrícolas/ganaderas y así canalizar el flujo de dinero.
“La mejora y expansión de inmuebles rurales, las sucesivas inversiones en infraestructuras, ganado y operación agropecuaria, más allá de dotar de apariencia licita a la explotación podrían servir para integrar dinero ilícito al sistema económico formal y encubrir su procedencia”, apunta.
Dentro de ese marco es que supuestamente se identificaron los tres establecimientos San Juan, María Angélica y Ñu Porã, todos de propiedad del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes. Con ello piden las medidas cautelares y que sean declarados sujetos a comiso.
Tras estudiar los argumentos, el magistrado concedió el pedido fiscal.
